PRI respalda Ley General de Feminicidio en el Senado

La iniciativa busca homologar prevención, investigación y sanción del delito en todo México.

Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa

Senadores del PRI anunciaron su voto a favor de la creación de la Ley General en Materia de Feminicidio en el Senado de la República. La propuesta busca establecer criterios obligatorios a nivel nacional para atender este delito.

La senadora Paloma Sánchez Ramos informó a través de sus redes sociales que el grupo parlamentario del PRI votará a favor de la creación de la Ley General en Materia de Feminicidio, señalando que la medida busca atender a víctimas y fortalecer la actuación del Estado frente a este delito.

El planteamiento de una ley general responde a una problemática señalada por organismos nacionales e internacionales: la falta de homologación en la tipificación, investigación y judicialización del feminicidio en México.
Datos del Secretariado Ejecutivo indican que la clasificación de casos puede variar entre entidades, lo que incide en la estadística nacional y en el acceso a la justicia para las víctimas.

En informes recientes, ONU Mujeres ha recomendado a los países establecer marcos legales integrales que garanticen investigación con perspectiva de género y coordinación entre niveles de gobierno.

La discusión legislativa sobre la Ley General en Materia de Feminicidio continúa en el Senado y, en caso de avanzar, requerirá la participación de congresos estatales para su implementación, con efectos directos en entidades como Sinaloa.

La propuesta se inserta en un contexto nacional marcado por la presión de colectivos, organismos internacionales y estadísticas oficiales que evidencian la persistencia de la violencia de género en México.
A nivel político, refleja la coincidencia de distintas fuerzas en torno a la necesidad de homologar criterios legales en delitos de alto impacto.
En el plano social, responde a una demanda sostenida de acceso a justicia para víctimas y reducción de impunidad.
En el ámbito territorial, estados como Sinaloa enfrentan el reto de adaptar sus instituciones a estándares nacionales, lo que implica cambios operativos, presupuestales y de capacitación.