El diputado federal presentó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, un documento con tres planteamientos relacionados con la coordinación institucional, la participación ciudadana y la evaluación de resultados.
SINALOA.— La seguridad continúa siendo uno de los principales asuntos de interés público en Sinaloa. Sus consecuencias alcanzan la vida cotidiana de las familias, las actividades económicas y el funcionamiento de numerosas comunidades.
En ese contexto, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sostuvo el pasado 8 de octubre un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante el cual entregó un documento con observaciones sobre la situación que atraviesa el estado.
El encuentro se desarrolló en el marco de la comparecencia del funcionario federal ante la Cámara de Diputados.
El documento presentado por el legislador contiene tres planteamientos relacionados con la estrategia de seguridad y los mecanismos de coordinación entre autoridades.
La seguridad sigue siendo una preocupación ciudadana
Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondientes a septiembre de 2026, muestran que la percepción de inseguridad continúa siendo elevada en las principales ciudades sinaloenses.
En Mazatlán, el 85.8% de la población adulta encuestada manifestó considerar inseguro vivir en su ciudad, mientras que en Culiacán el porcentaje fue de 81.6%.
Estos indicadores corresponden a la percepción ciudadana y no representan directamente las cifras de incidencia delictiva. Sin embargo, permiten observar la magnitud de la preocupación social.
Coordinación entre autoridades federales y locales
Uno de los asuntos planteados por Mario Zamora fue la posibilidad de realizar reuniones periódicas del Gabinete de Seguridad Federal en territorio sinaloense, particularmente en municipios afectados por la violencia.
La propuesta entregada a la autoridad federal considera la importancia de evaluar las condiciones de seguridad directamente en las regiones donde se presentan los problemas.
La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno constituye un componente de la política pública de seguridad, cuya aplicación corresponde a las autoridades competentes.
Participación de las comunidades afectadas
El segundo planteamiento consiste en incorporar mecanismos de diálogo con personas y sectores que enfrentan consecuencias derivadas de la inseguridad.
Entre los grupos mencionados se encuentran familiares de víctimas, madres buscadoras, personas desplazadas, comerciantes, empresarios, productores agrícolas, pescadores y organizaciones civiles.
El documento plantea que sus experiencias sean consideradas durante los procesos de diagnóstico y evaluación de la situación de seguridad.
Indicadores para evaluar resultados
El tercer punto presentado por el diputado federal se refiere a la posibilidad de establecer indicadores públicos que permitan conocer la evolución de las condiciones de seguridad por municipio.
El planteamiento contempla complementar los registros de operativos, detenciones y despliegue de personal con información relacionada con la actividad económica y las condiciones de vida de la población.
La definición y aplicación de estos indicadores correspondería a las instituciones competentes, de acuerdo con sus atribuciones.
Seguimiento institucional
De acuerdo con la información difundida sobre el encuentro, Mario Zamora y Omar García Harfuch manifestaron disposición para continuar el diálogo sobre los asuntos expuestos.
Hasta el momento no se cuenta con confirmación pública suficiente sobre la incorporación formal de los tres planteamientos a la estrategia federal de seguridad.
El seguimiento institucional permitirá conocer si estos asuntos son considerados en futuras reuniones, decisiones administrativas o mecanismos de coordinación.
La seguridad pública permanece como una responsabilidad compartida entre instituciones con distintas competencias.
En este contexto, la participación de legisladores federales en el análisis de la situación de Sinaloa forma parte de la discusión pública sobre las acciones de las autoridades y la atención a las comunidades afectadas.






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