El Gobierno estatal asegura que cuenta con ahorros para cubrir prácticamente la totalidad de los aguinaldos de más de 53 mil trabajadores; al mismo tiempo, reconoce un desfase cercano a $900 millones en participaciones federales
CULIACÁN, SINALOA.— El cierre financiero de 2026 coloca al Gobierno de Sinaloa frente a una combinación de compromisos relevantes: un gasto superior a 3 mil millones de pesos en aguinaldos, un crédito de corto plazo por 1,100 millones de pesos y un desfase estimado en alrededor de 900 millones de pesos en participaciones federales respecto de lo presupuestado.
El secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Guicho, aseguró que las finanzas estatales no están comprometidas y que el Gobierno ha realizado ahorros proporcionales durante el año para cubrir prácticamente la totalidad de los aguinaldos correspondientes a más de 53 mil trabajadores.
De acuerdo con el funcionario, el costo de esta prestación superará los 3 mil millones de pesos durante 2026.
La cifra representa uno de los principales compromisos financieros del cierre del ejercicio.
¿Para qué se contrató el crédito de $1,100 millones?
Paralelamente, el Gobierno de Sinaloa contrató un financiamiento de corto plazo por hasta 1,100 millones de pesos.
El proceso fue adjudicado a BBVA México y Santander México, en partes iguales, y deberá quedar liquidado antes del 31 de julio de 2027. El procedimiento se justificó oficialmente por una «insuficiencia de liquidez de carácter temporal».
Landeros Guicho explicó que el crédito no tiene como propósito sustituir otras deudas, sino atender necesidades de flujo, gastos extraordinarios, programas y compromisos de operación del Gobierno estatal.
El funcionario señaló además que al mes de septiembre existe un desfase de aproximadamente 900 millones de pesos en participaciones federales respecto de las estimaciones incluidas en la Ley de Ingresos estatal.
Según Finanzas, ya existe un convenio con la Federación para recuperar una parte de esos recursos.
El crédito no necesitó autorización del Congreso
Por tratarse de un financiamiento de corto plazo, el préstamo no requirió aprobación del Congreso del Estado.
El presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, Ambrocio Chávez Chávez, explicó que la legislación permite al Ejecutivo contratar este tipo de obligaciones siempre que se cumplan los plazos establecidos para su liquidación.
La Auditoría Superior del Estado también señaló que Sinaloa mantiene un nivel de endeudamiento considerado sostenible y que no existe impedimento legal para contratar el financiamiento.
Sin embargo, legisladores de oposición han pedido que el Gobierno detalle el destino de los recursos y explique las causas de la falta de liquidez. Esa postura corresponde a los grupos parlamentarios que han cuestionado el crédito y no constituye, por sí misma, evidencia de una irregularidad financiera.
S&P bajó la calificación de Sinaloa
El contexto financiero incluye otro elemento relevante.
El pasado 8 de septiembre, S&P National Ratings redujo la calificación crediticia de largo plazo de Sinaloa de mxA a mxA-, aunque mantuvo una perspectiva estable.
La calificadora explicó que espera que Sinaloa mantenga necesidades de financiamiento durante los próximos 12 meses, lo que podría traducirse en uso recurrente de deuda de corto plazo y una posición de liquidez vulnerable. Entre los factores considerados mencionó apoyos al sector agropecuario, crecimiento del gasto operativo y necesidades de inversión.
Al mismo tiempo, S&P reconoció que el Estado ha mantenido acceso oportuno al financiamiento bancario y retiró a Sinaloa de la Revisión Especial con implicaciones negativas. La perspectiva estable refleja la expectativa de que el uso de deuda de corto plazo continúe siendo manejable.
Por ello, la reducción de la calificación no significa que Sinaloa se encuentre en incumplimiento de pagos, pero sí representa una señal sobre las presiones de liquidez identificadas por la agencia.
El cierre financiero será la prueba
La administración estatal sostiene que el crédito es temporal, que existe capacidad para pagarlo y que el dinero permitirá atender compromisos mientras se normaliza el flujo de recursos federales.
Los datos disponibles muestran, sin embargo, que el cierre de 2026 deberá conciliar simultáneamente varios componentes:
- más de $3 mil millones en aguinaldos;
- un financiamiento de $1,100 millones;
- un desfase cercano a $900 millones en participaciones federales;
- y la obligación de liquidar el crédito antes de julio de 2027.
La pregunta financiera no es únicamente si el Gobierno puede cumplir con los aguinaldos.
También será necesario observar cómo evoluciona la liquidez estatal, cuánto de los recursos federales pendientes logra recuperarse y qué nivel de deuda de corto plazo deberá mantenerse durante los próximos meses.
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