La bancada priista presentó una denuncia contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. El procedimiento abre un nuevo frente político, pero su presentación no significa que el mandatario haya sido destituido.
CULIACÁN, SINALOA.– La crisis política alrededor de Rubén Rocha Moya abrió este martes un nuevo frente en el Congreso del Estado.
Diputadas y diputados del PRI presentaron formalmente una denuncia de juicio político contra el gobernador con licencia, con la pretensión de conseguir su destitución y la inhabilitación que corresponda conforme a la legislación sinaloense.
La acción fue encabezada por Paola Gárate Valenzuela, acompañada por Irma Moreno Ovalles y Lauro Gallardo.
Pero existe una diferencia fundamental: presentar una denuncia de juicio político no significa que Rocha Moya haya sido destituido ni que el Congreso haya determinado su responsabilidad.
Lo que comienza es una ruta jurídica y política que deberá superar distintas etapas.
¿Qué busca el PRI?
Paola Gárate explicó que la pretensión principal de la denuncia es impedir que Rocha pueda regresar nuevamente al Gobierno de Sinaloa y que las instituciones determinen las posibles responsabilidades políticas derivadas de su ejercicio del cargo.
La legisladora argumentó además que la licencia actualmente vigente no debería impedir que el Congreso revise esas posibles responsabilidades.
La ofensiva ocurre después de una secuencia política extraordinaria.
Rocha permaneció 112 días separado de la gubernatura, regresó al cargo el 21 de agosto y, poco más de un día después, anunció que solicitaría nuevamente licencia.
El Congreso aprobó posteriormente esa separación y se abrió un nuevo proceso para definir la conducción del Ejecutivo estatal.
La Constitución sí contempla juicio político contra un gobernador
El juicio político contra el titular del Ejecutivo estatal no es una figura creada por la oposición.
El artículo 132 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece expresamente que la gobernadora o el gobernador pueden ser sujetos de juicio político.
El artículo 133 establece las causas que pueden motivar su instauración cuando existan faltas u omisiones cometidas durante el ejercicio del cargo que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Entre ellas se encuentran la violación grave de disposiciones constitucionales o legales, el manejo indebido de recursos públicos y los ataques a la libertad electoral.
Sin embargo, corresponde a las instituciones determinar si los hechos denunciados encuadran efectivamente en esas causales.
Presentar la denuncia no destituye a Rocha
Este punto resulta fundamental para entender lo que ocurre.
El artículo 134 de la Constitución estatal establece que el Congreso debe resolver, erigido en Jurado de Acusación, si existe lugar para formular acusación.
Si esa resolución resulta positiva, el servidor público queda separado del cargo.
Posteriormente, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, constituido en Jurado de Sentencia, debe resolver definitivamente.
Solo una sentencia condenatoria puede imponer como sanciones la destitución y la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones dentro de la administración pública.
Por ello, Rocha Moya no ha sido destituido como consecuencia de la denuncia presentada por el PRI.
El conflicto deja de ser solamente por la licencia
La importancia política del movimiento opositor está precisamente aquí.
Hasta ahora, buena parte de la discusión se había concentrado en si Rocha regresaría o no a la gubernatura y quién debía conducir temporalmente el Ejecutivo.
El juicio político introduce una pregunta diferente:
¿debe mantenerse abierta jurídicamente la posibilidad de que Rubén Rocha vuelva al Gobierno de Sinaloa?
El PRI busca que la respuesta sea no.
Gárate sostuvo que las sucesivas licencias han prolongado la incertidumbre política y argumentó que Sinaloa necesita una transición que vaya más allá de sustituir temporalmente al gobernador.
También existe una iniciativa ciudadana
La ofensiva no comenzó exclusivamente con la bancada priista.
Un día antes se reportó la presentación de una solicitud respaldada por ciudadanos y representantes de distintos sectores, en la que se plantearon diversos hechos ocurridos durante la administración de Rocha Moya.
Entre los acontecimientos señalados se encuentran episodios relacionados con el proceso electoral de 2021 y presuntas afectaciones a operadores políticos.
La existencia de esas acusaciones no significa que hayan quedado jurídicamente acreditadas.
Corresponderá a las autoridades competentes analizar las pruebas y determinar si existen elementos suficientes para continuar los procedimientos correspondientes.
Ahora la decisión pasa por las instituciones
La presentación del juicio político modifica nuevamente el escenario.
Rocha se encuentra con licencia, pero el PRI pretende que su separación deje de depender de futuras decisiones personales sobre regresar o no al cargo y se convierta en una determinación institucional definitiva.
Para conseguirlo, la oposición deberá superar el procedimiento constitucional y reunir los apoyos políticos necesarios dentro del Congreso.
Después, en caso de formularse acusación, correspondería al Supremo Tribunal de Justicia resolver.
Por ahora existe una denuncia formal y una pretensión explícita de destitución e inhabilitación.
No existe todavía una resolución que determine la responsabilidad política de Rubén Rocha Moya.
Ese será precisamente el siguiente capítulo de una crisis política que continúa transformando el escenario de Sinaloa.
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