Mientras productores avícolas cuestionan el arancel cero para determinadas importaciones, acuacultores denuncian contrabando y triangulación de camarón. Los casos son jurídicamente diferentes, pero plantean una misma pregunta: ¿qué tan protegida está realmente la producción nacional?
México enfrenta dos controversias que, aunque operan mediante mecanismos distintos, están encendiendo la misma alarma entre sectores productivos nacionales: la capacidad del país para equilibrar el acceso a productos importados con la protección de su planta productiva, el empleo y la seguridad alimentaria.
Por un lado está el pollo brasileño, cuya entrada al mercado mexicano ocurre legalmente bajo una política de facilitación comercial y exenciones arancelarias.
Por otro, productores de camarón de Sinaloa, Sonora y Nayarit denuncian el ingreso irregular de producto ecuatoriano mediante presuntas operaciones de contrabando y triangulación.
No son jurídicamente lo mismo.
Pero observados juntos muestran dos puntos potencialmente vulnerables de la política comercial mexicana: qué productos pueden entrar en condiciones preferenciales y qué capacidad tiene el Estado para impedir que otros ingresen burlando las reglas.
Pollo brasileño: las importaciones crecieron 118%
La Unión Nacional de Avicultores (UNA) encendió las alertas esta semana.
Según datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México citados por El Economista, las importaciones de pechuga de pollo deshuesada procedentes de Brasil pasaron de aproximadamente 90 mil toneladas en 2022 a más de 196 mil toneladas en 2025.
Es un incremento de 118% en tres años.
La UNA atribuye parte de este crecimiento al esquema de exención arancelaria aplicado desde 2022 y sostiene que las condiciones actuales generan una competencia desequilibrada frente al productor mexicano. Por ello ha solicitado sustituir la exención por cupos de importación, de manera que el producto extranjero complemente la oferta nacional sin ingresar en volúmenes considerados perjudiciales para el sector.
El organismo calcula además pérdidas superiores a 27 mil millones de pesos entre agosto de 2025 y agosto de 2026, y estima que el comportamiento de las importaciones habría impedido generar más de 40 mil empleos.
Es importante precisar que estas últimas cifras son estimaciones de la propia industria avícola, no cálculos independientes de Soy Sinaloa.
Una contradicción que merece atención
El contexto regulatorio resulta especialmente relevante.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025 reconoce como objetivos gubernamentales aumentar la soberanía alimentaria, fortalecer el mercado interno, incrementar la producción nacional y reducir importaciones procedentes de países con los que México no tiene tratados comerciales.
El mismo decreto determinó eliminar las exenciones para varios productos, entre ellos determinadas carnes de res y cerdo, leche, frijol, arroz y aceites.
Sin embargo, mantuvo durante 2026 facilidades para otros productos de la canasta básica e insumos, entre ellos la carne de ave. La vigencia del esquema se extendió hasta el 31 de diciembre de 2026.
Aquí aparece una pregunta legítima de política económica:
¿Puede una herramienta diseñada originalmente para combatir la inflación terminar debilitando a determinados productores nacionales cuando se mantiene durante varios años?
La evidencia disponible permite plantear la pregunta.
Lo que todavía requiere mayor información oficial es determinar cuánto del crecimiento de las importaciones brasileñas puede atribuirse exclusivamente al arancel cero y cuánto responde a diferencias estructurales de costos, oferta, demanda y productividad.
Camarón ecuatoriano: el problema es diferente
En el camarón el mecanismo denunciado es mucho más grave porque no estamos hablando simplemente de competencia mediante importaciones legales.
Productores de Sinaloa, Sonora y Nayarit han denunciado el presunto ingreso irregular de camarón originario de Ecuador mediante contrabando y triangulación comercial.
La Jornada documentó el 28 de mayo que representantes del sector estiman hasta 35 mil 740 toneladas anuales de camarón ecuatoriano ingresando irregularmente a México.
También calculan pérdidas cercanas a 6 mil 75 millones de pesos anuales. Nuevamente, se trata de cifras proporcionadas por productores y deben entenderse como estimaciones sectoriales, no como un volumen oficialmente comprobado por las autoridades mexicanas.
Las denuncias describen un posible mecanismo de triangulación: producto ecuatoriano sería enviado previamente a países centroamericanos, donde presuntamente cambiaría documentación, etiquetado u origen declarado antes de dirigirse al mercado mexicano.
La información publicada también señala rutas presuntamente utilizadas a través de la frontera norte y Centroamérica.
Aquí no falla el arancel: fallaría el control
Ésta es la diferencia fundamental.
En el pollo brasileño puede discutirse si la política arancelaria protege suficientemente al productor mexicano.
En el camarón denunciado como ilegal, un arancel más alto por sí mismo no resolvería el problema.
Si una mercancía entra mediante contrabando, falsificación de origen, triangulación o documentación irregular, el punto crítico pasa a ser aduanas, trazabilidad, certificación sanitaria, inspección y aplicación efectiva de la legislación.
SENASICA dispone precisamente de un sistema de requisitos zoosanitarios para mercancías de origen animal destinado a prevenir la entrada de enfermedades y plagas al territorio mexicano.
Por ello el camarón introduce además una variable que el pollo no plantea en los mismos términos: la trazabilidad sanitaria del producto que presuntamente evade los controles formales.
Dos puertas diferentes, una misma vulnerabilidad
La comparación permite identificar un problema estructural.
Primera puerta: la legal.
Cuando México establece arancel cero o facilidades de importación para contener precios, una apertura excesivamente prolongada puede ejercer presión sobre sectores nacionales si no existen límites, salvaguardas o mecanismos de revisión capaces de reaccionar ante cambios sustanciales del mercado.
Segunda puerta: la ilegal.
Cuando mercancías ingresan mediante contrabando o triangulación, la estructura arancelaria pierde eficacia porque el producto simplemente evade las condiciones bajo las cuales debería entrar al país.
En un caso puede existir una debilidad de diseño de política comercial.
En el otro, una posible debilidad de ejecución, vigilancia y control.
El resultado económico para el productor nacional puede terminar pareciéndose: presión sobre precios, pérdida de mercado, menor capacidad de inversión y riesgo para el empleo.
El problema puede ir mucho más allá del pollo y el camarón
Eso convierte la discusión en un asunto de interés nacional.
Si los instrumentos comerciales no se revisan conforme cambia el mercado, sectores competitivos mexicanos pueden quedar expuestos frente a productores extranjeros con estructuras de costos completamente diferentes.
Y si además existen brechas de vigilancia que permiten triangulación o contrabando, incluso la mejor estructura arancelaria resulta insuficiente.
Por eso, la pregunta que dejan el pollo brasileño y el camarón ecuatoriano va mucho más allá de dos industrias:
¿Tiene México un sistema suficientemente flexible para permitir importaciones cuando son necesarias, pero suficientemente fuerte para impedir que esa apertura termine desplazando producción nacional o que las reglas sean burladas?
La respuesta no debería ser cerrar las fronteras.
Tampoco abrirlas sin límites.
El reto es construir una política comercial capaz de equilibrar precios para el consumidor, competencia, producción nacional, empleo, sanidad y seguridad alimentaria.
Y, sobre todo, garantizar que las reglas que existen realmente se cumplan.
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