Ciudadanos, organizaciones civiles y empresarios preparan una nueva movilización para exigir seguridad, en momentos en que Sinaloa se aproxima al proceso electoral de 2027. El reto será mantener su carácter ciudadano frente a una creciente efervescencia política.
CULIACÁN, Sinaloa.— Una nueva Marcha por la Paz se prepara en Culiacán para exigir mejores condiciones de seguridad cuando se cumplen dos años del inicio de la actual crisis de violencia que ha marcado profundamente la vida cotidiana, económica y social de Sinaloa.
La movilización, convocada por ciudadanos, organizaciones civiles y representantes de la iniciativa privada, está prevista para el próximo domingo 13 de septiembre.
Pero esta vez existe un elemento adicional.
Sinaloa se encuentra cada vez más cerca del proceso electoral de 2027 y la movilización ocurrirá mientras partidos, organizaciones y posibles aspirantes comienzan a incrementar su presencia pública.
Esto plantea una pregunta inevitable:
¿Podrá una movilización ciudadana contra la violencia convertirse también en un termómetro del estado de ánimo social rumbo a 2027?
Una nueva movilización contra la violencia
La convocatoria surge cuando Sinaloa se aproxima a dos años de una crisis de seguridad que ha dejado consecuencias que trascienden las estadísticas delictivas.
Empresarios y organizaciones ciudadanas han señalado afectaciones económicas, pérdida de empleos, cierre de negocios y modificaciones en la vida cotidiana de distintas ciudades del estado.
En ese contexto, los organizadores plantean nuevamente salir a las calles para exigir paz y mejores condiciones de seguridad.
No sería la primera movilización de este tipo.
Durante la crisis de seguridad, Culiacán ha registrado distintas manifestaciones ciudadanas, algunas de ellas con una importante participación de familias, empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos sin militancia partidista identificada.
La nueva convocatoria pretende recuperar precisamente ese componente ciudadano.
¿Una marcha política?
Hasta ahora, no existe evidencia suficiente para afirmar que la Marcha por la Paz tenga como objetivo apoyar o perjudicar electoralmente a algún partido o aspirante.
La convocatoria pública está centrada en la exigencia de seguridad.
Sin embargo, el contexto político en el que se realizará resulta imposible de ignorar.
El proceso electoral de 2027 comienza a acercarse y diferentes actores políticos incrementan gradualmente su presencia pública.
Por esa razón, uno de los principales desafíos de la movilización será preservar su carácter ciudadano y evitar que las demandas de seguridad queden subordinadas a disputas partidistas.
El debate ya comenzó.
Distintos análisis públicos han planteado precisamente la dificultad de mantener completamente separado un movimiento ciudadano de la dinámica política cuando el estado se aproxima a un proceso electoral.
La seguridad podría convertirse en uno de los grandes temas de 2027
Más allá de la marcha, existe una cuestión de fondo.
Si la inseguridad continúa ocupando una parte central de la preocupación ciudadana, el tema probablemente tendrá un peso importante en la conversación pública previa a las elecciones de 2027.
Esto no significa que pueda anticiparse cuál será el comportamiento electoral de los sinaloenses.
Tampoco significa que participar en una marcha equivalga a rechazar o apoyar electoralmente a algún partido.
Son fenómenos diferentes.
Pero las movilizaciones ciudadanas sí pueden aportar información sobre la intensidad con la que determinados problemas están siendo percibidos por sectores de la población.
La cantidad de asistentes, las organizaciones participantes, las demandas expresadas y la reacción de las autoridades serán elementos que permitirán dimensionar mejor el alcance de esta nueva convocatoria.
El antecedente de las movilizaciones anteriores
Culiacán ya ha sido escenario de importantes movilizaciones relacionadas con la violencia.
Desde septiembre de 2024, ciudadanos, empresarios, colectivos y familias han participado en distintas marchas para exigir el regreso de la tranquilidad.
Las manifestaciones han evolucionado conforme se ha prolongado la crisis.
Lo que inicialmente apareció como una exigencia inmediata de seguridad posteriormente incorporó preocupaciones sobre desaparecidos, víctimas, actividad económica, funcionamiento de empresas y normalización de la violencia.
Por eso, la movilización de septiembre de 2026 tendrá un significado adicional: permitirá observar cómo ha evolucionado la respuesta ciudadana después de dos años de crisis.
Empresarios adquieren mayor protagonismo
Otro elemento relevante es la participación del sector empresarial.
Coparmex Sinaloa se encuentra entre las organizaciones que han promovido la nueva movilización.
Su presidenta, Martha Reyes Zazueta, ha mantenido una posición pública crítica frente a las consecuencias económicas y sociales de la inseguridad.
Pero durante las últimas horas apareció además otro elemento político: Reyes abrió públicamente la posibilidad de participar en el proceso electoral de 2027.
Este dato obliga a diferenciar dos asuntos.
Por un lado está la Marcha por la Paz, cuya convocatoria se presenta como ciudadana y enfocada en seguridad.
Por otro está la eventual participación electoral de dirigentes empresariales, que deberá analizarse independientemente.
Mezclar ambos fenómenos sin evidencia implicaría atribuir a la movilización una finalidad política que hasta ahora no está demostrada.
Lo que deberá observarse el 13 de septiembre
La verdadera dimensión de la marcha solamente podrá evaluarse cuando se realice.
Habrá por lo menos cinco indicadores relevantes:
Participación ciudadana: cuántas personas responden a la convocatoria.
Diversidad: qué organizaciones, sectores sociales y grupos participan.
Mensaje central: cuáles son las principales exigencias expresadas durante la movilización.
Presencia política: qué funcionarios, dirigentes o aspirantes deciden acudir y bajo qué condiciones.
Respuesta gubernamental: cómo reaccionan las autoridades ante las demandas presentadas.
Estos elementos permitirán determinar si se trata principalmente de una nueva expresión ciudadana contra la violencia o si adquiere también una dimensión política mayor.
Un posible termómetro social, no una encuesta electoral
Existe finalmente una precisión indispensable.
Una marcha no representa estadísticamente a toda la población de Sinaloa.
Por ello, su asistencia no puede utilizarse para proyectar resultados electorales ni para afirmar que determinado porcentaje de ciudadanos piensa de una manera específica.
Pero sí puede funcionar como indicador cualitativo.
Puede mostrar capacidad de organización, intensidad de determinadas demandas y disposición de ciertos sectores ciudadanos para movilizarse públicamente.
En un Sinaloa que comienza a aproximarse a 2027, esa información tendrá inevitablemente valor político.
La gran pregunta no será solamente cuántas personas marchen.
Será qué mensaje envíen, quiénes decidan escucharlo y qué hagan después las autoridades y quienes aspiren a gobernar Sinaloa.
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