El Órgano Interno de Control analiza el expediente judicial mientras el gobierno municipal busca una salida jurídica y financiera para cumplir una resolución derivada de un litigio relacionado con el estadio Teodoro Mariscal.
El Ayuntamiento de Mazatlán enfrenta uno de los litigios administrativos de mayor impacto económico del año. Mientras continúa el proceso para cumplir una sentencia por 13.6 millones de pesos, el Órgano Interno de Control (OIC) revisa el expediente para determinar si existieron responsabilidades administrativas durante la defensa del caso.
El Gobierno Municipal de Mazatlán informó que el Órgano Interno de Control (OIC) inició una revisión relacionada con la sentencia que obliga al Ayuntamiento a cubrir 13 millones 631 mil 174.06 pesos como resultado de un litigio administrativo que se originó hace varios años.
La resolución fue emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, la cual determinó que el municipio debe indemnizar a la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, vinculada con la familia Toledo, por afectaciones derivadas del corte del suministro de agua y el cierre de las taquillas del estadio Teodoro Mariscal durante un conflicto ocurrido en administraciones anteriores.
¿Qué revisa el OIC?
La investigación del Órgano Interno de Control no modifica la obligación impuesta por el tribunal.
Su objetivo consiste en revisar el expediente administrativo para determinar si durante la defensa jurídica del Ayuntamiento existieron posibles omisiones, irregularidades o responsabilidades de servidores públicos que hayan influido en el resultado del juicio.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado la existencia de procedimientos sancionadores ni han señalado responsables específicos.
Un litigio que continúa generando costos
El caso ha adquirido relevancia porque la sentencia contempla un monto superior a los 13.6 millones de pesos, cantidad que puede incrementarse por intereses mientras no quede totalmente cumplida la resolución judicial.
El secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, había informado previamente que el municipio solicitó una prórroga para negociar un convenio de pago con la parte demandante, con el propósito de evitar un mayor impacto financiero para las finanzas públicas.
Presión sobre las finanzas municipales
El litigio se suma a otros compromisos legales que enfrenta el Ayuntamiento de Mazatlán.
De acuerdo con información oficial del propio gobierno municipal, durante este año existe un presupuesto destinado al cumplimiento de sentencias y resoluciones judiciales, del cual ya se ha ejercido una parte importante debido a diversos procesos heredados de administraciones anteriores.
La administración municipal sostiene que mantiene la disposición de cumplir las resoluciones judiciales, aunque busca mecanismos legales que permitan reducir el impacto inmediato sobre las finanzas públicas.
¿Qué sigue?
Mientras continúa la revisión administrativa del OIC, el proceso judicial permanece vigente y la obligación de pago sigue firme.
En caso de que la investigación interna detecte posibles irregularidades, corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen responsabilidades administrativas conforme a la legislación aplicable.
Por ahora, el expediente representa uno de los asuntos jurídicos con mayor repercusión económica para el Ayuntamiento de Mazatlán durante 2026.
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