Empresas de telecomunicaciones y autoridades municipales mantienen posiciones encontradas mientras legisladores solicitan la intervención federal.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de Soy Sinaloa
Denuncian ante FGR conflicto por telecomunicaciones en Salvador Alvarado
Empresas de telecomunicaciones denunciaron ante la Fiscalía General de la República presuntas irregularidades relacionadas con cobros y sanciones aplicadas por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado. El caso ha derivado en solicitudes de intervención por parte de autoridades federales y representantes legislativos.
El conflicto entre un municipio sinaloense y empresas concesionarias de telecomunicaciones ya se encuentra bajo conocimiento de autoridades federales mediante denuncias presentadas ante la FGR.
De acuerdo con las denuncias difundidas por diversos medios, el Ayuntamiento de Salvador Alvarado comenzó durante este año procedimientos administrativos relacionados con infraestructura instalada por empresas de telecomunicaciones.
Las compañías Telmex, Megacable y Totalplay sostienen que se les pretendieron imponer cobros y multas por infraestructura instalada sobre postes pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, materia cuya regulación corresponde al ámbito federal. Posteriormente presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Por su parte, la presidenta municipal Guadalupe López González rechazó las acusaciones y afirmó que el municipio únicamente aplica disposiciones legales y que el asunto es atendido por el área jurídica del Ayuntamiento.
El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y las autoridades regulatorias, argumentando que una eventual afectación a la infraestructura podría comprometer servicios esenciales de telefonía e internet para miles de habitantes de Salvador Alvarado.
El legislador calificó los hechos como un posible «cobro de piso institucional», mientras que el gobierno municipal sostiene que se trata del cumplimiento de obligaciones fiscales locales. Hasta el momento ninguna autoridad judicial ha emitido una resolución sobre las acusaciones.
Especialistas consultados por medios nacionales recuerdan que la regulación de las redes públicas de telecomunicaciones corresponde a la Federación y que cualquier controversia deberá resolverse conforme a la legislación aplicable y mediante las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes.
Respecto a versiones difundidas en la columna Posdata 2, en las que se afirma que el caso habría llegado al Departamento de Justicia de Estados Unidos o que existirían solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera, no existe confirmación oficial disponible por parte del gobierno estadounidense, la UIF o la FGR. Bajo criterios de verificación periodística, esas afirmaciones deben considerarse no corroboradas al momento de esta publicación.
El caso adquirió mayor visibilidad luego de que empresarios y legisladores hicieran públicos los señalamientos sobre presuntas multas millonarias y el retiro de infraestructura de telecomunicaciones en Salvador Alvarado.
Posteriormente, el periodista Mario Maldonado publicó en su columna Posdata 2 que el conflicto tendría posibles implicaciones internacionales. Dichas afirmaciones fueron retomadas en redes sociales por diversos usuarios, entre ellos el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien citó la publicación en su cuenta de X.
No obstante, tras revisar información disponible de autoridades mexicanas, estadounidenses y medios con cobertura del caso, no fue posible confirmar la existencia de investigaciones abiertas por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionadas con este asunto, ni solicitudes oficiales dirigidas a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Hasta el cierre de esta edición, la información confirmada se limita a:
- la existencia de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República;
- el exhorto promovido por el diputado Mario Zamora;
- la postura pública del Ayuntamiento de Salvador Alvarado rechazando las acusaciones;
- y el desarrollo de un procedimiento que continúa sin resolución judicial definitiva.
El conflicto continúa en desarrollo y corresponde a las autoridades ministeriales y, en su caso, judiciales determinar si existen responsabilidades derivadas de las denuncias presentadas. Las afirmaciones sobre investigaciones internacionales permanecen, hasta el momento, sin confirmación oficial verificable.
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