El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra personas y empresas señaladas por participar en esquemas de contrabando de combustible y evasión fiscal entre Estados Unidos y México.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 30 de junio una serie de sanciones económicas contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas a una red de contrabando transfronterizo de combustible relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida busca afectar las fuentes de financiamiento de esa organización mediante acciones financieras y regulatorias.
Estados Unidos amplió sus acciones financieras contra el crimen organizado al dirigir nuevas sanciones contra una estructura señalada por obtener ingresos mediante el denominado «huachicol fiscal».
De acuerdo con la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la investigación identifica un esquema que involucraría el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México, el uso de documentos aduanales presuntamente falsificados y empresas fachada para evadir impuestos mexicanos.
El Departamento del Tesoro indicó que estas operaciones generan decenas de millones de dólares anualmente para estructuras criminales vinculadas al CJNG. Paralelamente, FinCEN emitió una nueva alerta dirigida al sistema financiero para facilitar la identificación de operaciones relacionadas con este tipo de actividades ilícitas.
La dependencia recordó que durante 2024 y 2025 ya había impuesto sanciones relacionadas con redes de robo y contrabando de hidrocarburos, mientras que una alerta emitida por FinCEN en mayo de 2025 permitió que, durante los siguientes doce meses, instituciones financieras reportaran más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa (SAR), los cuales involucraron más de 7 mil millones de dólares en operaciones consideradas sospechosas entre Estados Unidos y México. Los estados estadounidenses con mayor incidencia fueron Texas y Florida.
El anuncio resulta relevante para Sinaloa por tratarse de una estrategia regional de combate al financiamiento del crimen organizado mediante mecanismos financieros internacionales. Diversos organismos estadounidenses han señalado en distintos informes que los grupos criminales mexicanos han diversificado sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico, incorporando actividades relacionadas con hidrocarburos, lavado de dinero y contrabando. En este comunicado, las acciones anunciadas corresponden exclusivamente a una estructura atribuida al CJNG.
Las sanciones de OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense de las personas y empresas designadas, además de prohibiciones para que ciudadanos y compañías estadounidenses realicen transacciones con ellas.
Por su parte, FinCEN busca fortalecer la detección de operaciones financieras relacionadas con el contrabando de combustibles mediante la difusión de indicadores de riesgo para bancos, casas de cambio y otras instituciones financieras. Estas medidas forman parte de la estrategia estadounidense para limitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.
El Departamento del Tesoro explicó que el denominado huachicol fiscal consiste, entre otras modalidades, en introducir combustibles desde Estados Unidos hacia México utilizando declaraciones aduanales alteradas o clasificando incorrectamente los productos para evitar el pago de impuestos.
Según la autoridad estadounidense, esta actividad representa actualmente una de las principales fuentes de ingresos distintas al narcotráfico para organizaciones criminales mexicanas. El documento también señala que estas redes recurren al uso de empresas fachada, intermediarios comerciales y estructuras financieras para ocultar el origen y destino de los recursos.
Las acciones anunciadas fueron coordinadas con investigaciones encabezadas por la South Texas Homeland Security Task Force, con participación de la DEA, FBI, Homeland Security Investigations (HSI), IRS-Criminal Investigation, U.S. Customs and Border Protection (CBP) y otras agencias federales estadounidenses.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que las organizaciones criminales mexicanas han ampliado sus mecanismos de generación de recursos más allá del tráfico de drogas, motivo por el cual las autoridades estadounidenses buscan afectar también sus redes financieras.
Hasta la publicación del comunicado oficial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no reportó investigaciones, empresas o personas relacionadas con el estado de Sinaloa dentro de este caso. La información difundida corresponde a una operación enfocada en una estructura presuntamente vinculada al CJNG y forma parte de la estrategia estadounidense para combatir las finanzas del crimen organizado mediante sanciones económicas y alertas al sistema financiero.
El anuncio ocurre en un contexto de creciente cooperación entre Estados Unidos y México para combatir las finanzas del crimen organizado, particularmente aquellas que no dependen exclusivamente del narcotráfico. Las autoridades estadounidenses sostienen que actividades como el robo de hidrocarburos, el contrabando de combustibles, el lavado de dinero y la evasión fiscal representan fuentes relevantes de ingresos para organizaciones criminales transnacionales.
Desde la perspectiva regional, el caso no tiene una vinculación directa con Sinaloa, pero sí refleja una tendencia de las agencias estadounidenses a utilizar herramientas financieras —como sanciones económicas, inteligencia bancaria y monitoreo de transacciones— para debilitar la capacidad operativa de organizaciones criminales mexicanas. Por ello, el comunicado constituye un referente de política de seguridad y cooperación internacional, aunque no aporta evidencia verificable de operaciones relacionadas con Sinaloa en esta investigación específica.
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