La Fiscalía General de la República atrajo la investigación mientras familiares y organizaciones periodísticas exigen avances en la localización de la comunicadora.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de Soy Sinaloa
A más de dos semanas de la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Rodríguez en Nanchital, Veracruz, su familia continúa sin conocer su paradero y ha solicitado apoyo de las autoridades federales para acelerar las investigaciones.
La comunicadora, fundadora y directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el 2 de junio por un grupo armado que ingresó a su domicilio, de acuerdo con información confirmada por autoridades y medios nacionales.
Dos semanas después del secuestro de la periodista Roxana Guzmán, las autoridades federales continúan investigando sin que exista información pública sobre su localización.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y diversos reportes periodísticos, los hechos ocurrieron durante la mañana del 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital.
Según el testimonio de la madre de la periodista, Rubicelia Ramírez, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio familiar, sometió a varios integrantes de la familia y se llevó por la fuerza a Roxana Guzmán. La familia señaló que, al preguntar a dónde sería trasladada, uno de los agresores respondió que la llevarían “a la comandancia”.
La desaparición adquirió relevancia nacional después de que se difundiera un video que muestra parte del momento en que los agresores irrumpieron en la vivienda.
El 12 de junio, la Fiscalía General de la República informó que atrajo la investigación a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), mientras continúan las labores de búsqueda y recopilación de evidencias.
Organizaciones como Artículo 19, Alianza de Medios MX y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) solicitaron que la investigación considere como línea prioritaria la actividad periodística de la comunicadora.
Aunque los hechos ocurrieron en Veracruz, el caso tiene relevancia nacional para el ejercicio periodístico, incluida la comunidad informativa de Sinaloa.
La desaparición de una periodista en funciones vuelve a colocar en el debate público las condiciones de seguridad para quienes realizan labores de información en distintas regiones del país.
En entidades con alta actividad periodística y cobertura permanente de temas de seguridad, como Sinaloa, organizaciones defensoras de la libertad de expresión han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y las capacidades de investigación cuando se registran agresiones contra comunicadores.
La atracción del caso por parte de la FGR implica que la investigación se desarrolla bajo instancias federales especializadas en delitos contra la libertad de expresión.
El avance o resultado de esta indagatoria podría influir en futuras investigaciones relacionadas con agresiones a periodistas y en la evaluación de los mecanismos de protección existentes.
Asimismo, organismos nacionales e internacionales continúan observando el desarrollo del caso debido a su impacto en la libertad de prensa y el derecho a la información.
Roxana Guzmán es identificada como fundadora de Pulso Informativo del Sureste, una plataforma informativa local con presencia en redes sociales.
De acuerdo con reportes periodísticos y organizaciones de defensa de periodistas, la comunicadora había cubierto temas comunitarios y de seguridad en la región sur de Veracruz.
La madre de la periodista declaró a medios nacionales que la familia permanece bajo temor debido a las circunstancias del secuestro y a la falta de información sobre su paradero.
Según la información disponible hasta el momento, no se han reportado personas detenidas relacionadas con el caso ni se han dado a conocer resultados concluyentes de la investigación federal.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y otras organizaciones han solicitado que las autoridades esclarezcan los hechos, determinen el móvil y garanticen la localización de la comunicadora.
El caso ocurre en un contexto nacional marcado por la persistencia de agresiones contra periodistas y personas dedicadas a labores informativas.
Durante junio de 2026, Veracruz volvió a colocarse en el centro de atención nacional tras el secuestro de Roxana Guzmán y el asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez en Poza Rica, hechos que generaron pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales de libertad de expresión.
La desaparición de periodistas representa un tema de interés público porque afecta simultáneamente derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de quienes documentan acontecimientos de interés social.
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