El entonces senador Mario Zamora Gastélum cuestionó en noviembre de 2021 la legalidad de la consulta ciudadana promovida para conocer la opinión sobre la instalación de la planta de fertilizantes y amoniaco en Topolobampo, Ahome. El legislador sostuvo que el ejercicio no cumplía con los procedimientos previstos en la Constitución para las consultas populares y preguntó quién financiaría y organizaría el proceso.
La consulta realizada sobre la planta de amoniaco en Topolobampo fue reconocida por autoridades como un ejercicio no vinculante y distinto a una consulta popular constitucional.
El proyecto de planta de fertilizantes en Topolobampo comenzó a desarrollarse durante la década pasada con el objetivo de producir insumos para el sector agrícola. Desde sus primeras etapas enfrentó recursos legales promovidos por comunidades indígenas, organizaciones sociales y particulares que argumentaron posibles afectaciones ambientales y la ausencia de una consulta previa a los pueblos originarios.
El 23 de noviembre de 2021, Mario Zamora declaró que la consulta anunciada para el 28 de noviembre se encontraba fuera del marco legal de las consultas populares previstas en el artículo 35 constitucional. El entonces senador cuestionó quién financiaría el ejercicio, qué autoridad lo organizaría y si los gobiernos estatal y municipal podían actuar simultáneamente como promotores del proyecto y organizadores de la consulta.
De acuerdo con declaraciones publicadas por Noroeste, Zamora sostuvo que, si el Gobierno impulsaba la consulta mientras manifestaba una postura favorable al proyecto, existiría una condición de “juez y parte”. También afirmó que el cumplimiento de la ley debía ser el criterio principal para determinar la viabilidad de la inversión.
Paralelamente, el entonces gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que el ejercicio no tendría efectos vinculantes ni el rigor previsto por la Constitución, aunque consideró que serviría para conocer la opinión de la población y aportar elementos de contexto a los procesos judiciales relacionados con el proyecto.
Posteriormente, la Secretaría de Gobernación organizó el ejercicio participativo en Ahome, Guasave y El Fuerte. Según información oficial difundida en ese momento, se instalaron mesas receptoras y se desarrolló un proceso de información, deliberación y votación ciudadana.
La controversia se concentra en la bahía de Ohuira, dentro del municipio de Ahome, una zona estratégica para la actividad portuaria, pesquera, agrícola e industrial del norte de Sinaloa.
El proyecto ha generado posiciones encontradas entre sectores productivos que consideran que la planta contribuiría a la disponibilidad de fertilizantes y a la generación de empleo, y grupos ambientales, académicos e integrantes de comunidades indígenas que han expresado preocupaciones relacionadas con el ecosistema lagunar y con el derecho a la consulta previa.
La relevancia para Sinaloa radica en que se trata de una de las inversiones industriales más importantes planteadas para la región norte del estado durante la última década, con implicaciones económicas, ambientales y sociales.
Los efectos jurídicos del caso continúan dependiendo de resoluciones judiciales y administrativas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2022 que debía realizarse una consulta indígena conforme a estándares constitucionales e internacionales. Posteriormente se llevaron a cabo nuevos procedimientos de consulta y diversas resoluciones judiciales permitieron la reanudación de actividades del proyecto, aunque algunos litigios han continuado en instancias federales.
La viabilidad definitiva de la planta sigue vinculada al cumplimiento de autorizaciones ambientales, resoluciones judiciales y mecanismos de consulta exigidos por la legislación mexicana y los tratados internacionales aplicables.
Las declaraciones de Mario Zamora fueron emitidas en el contexto del debate público que existía en 2021 sobre la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo. El entonces senador señaló que el marco constitucional establece procedimientos específicos para las consultas populares, incluyendo la intervención de autoridades electorales y requisitos determinados por la legislación federal.
Asimismo, planteó que la principal discusión debía centrarse en determinar si el proyecto contaba con todos los permisos y autorizaciones requeridos por las autoridades competentes. En ese sentido, sostuvo que cualquier inversión debía desarrollarse dentro del marco legal vigente.
La controversia se mantuvo durante los años siguientes debido a diversos juicios de amparo relacionados con aspectos ambientales y con los derechos de consulta de comunidades indígenas de la región.
Actualmente, el proyecto continúa siendo uno de los temas de mayor relevancia en materia de desarrollo industrial y medio ambiente en Sinaloa, debido a que involucra decisiones regulatorias, judiciales y sociales que trascienden el ámbito local.
Las declaraciones de Mario Zamora formaron parte del debate político y jurídico que acompañó la consulta realizada en 2021 sobre la planta de amoniaco en Topolobampo. A más de cuatro años de distancia, el proyecto continúa sujeto al cumplimiento de resoluciones judiciales, procesos de consulta y autorizaciones ambientales que determinarán su desarrollo definitivo.
Fuentes
Resoluciones y antecedentes públicos relacionados con la planta de fertilizantes de Topolobampo.
Noroeste, 23 de noviembre de 2021.
Senado de la República, Proposición con Punto de Acuerdo presentada por Mario Zamora Gastélum, noviembre de 2021.
Secretaría de Gobernación, información oficial sobre el ejercicio participativo de noviembre de 2021.
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