La deuda acumulada por décadas de impago eléctrico en Tabasco volvió al centro del debate nacional tras los acuerdos de condonación y regularización anunciados entre el gobierno estatal y la Comisión Federal de Electricidad.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
La deuda histórica acumulada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tabasco volvió a generar atención nacional tras revelarse que el estado mantenía un pasivo millonario derivado de décadas de resistencia civil contra el pago del servicio eléctrico, movimiento impulsado originalmente por Andrés Manuel López Obrador en la década de 1990.
Durante casi tres décadas, cientos de miles de usuarios tabasqueños dejaron de pagar el servicio eléctrico como parte de un movimiento de resistencia civil que derivó en una deuda multimillonaria con la CFE.
El origen del conflicto se remonta a mediados de los años noventa, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente opositor en Tabasco, promovió acciones de resistencia civil frente a las tarifas eléctricas aplicadas en la entidad. Durante años, miles de usuarios suspendieron pagos al considerar que los cobros no correspondían a las condiciones climáticas y económicas del estado.
En 2019, ya como presidente de la República, López Obrador impulsó el programa denominado “Adiós a tu Deuda”, mediante el cual se buscó regularizar a usuarios y cancelar una parte importante de los adeudos acumulados. Diversos reportes señalaron entonces que la deuda histórica de usuarios tabasqueños alcanzaba alrededor de 11 mil millones de pesos.
Sin embargo, el problema financiero no desapareció por completo. En agosto de 2024, una investigación publicada por la revista Proceso señaló que el gobierno de Tabasco mantenía una deuda cercana a los 3 mil millones de pesos con la CFE, situación que condicionaba la continuidad de convenios de subsidio eléctrico.
Posteriormente, en octubre de 2024, el gobierno encabezado por Javier May Rodríguez informó que se alcanzó un acuerdo para la condonación total de dicho adeudo histórico, permitiendo mantener los programas de apoyo a usuarios y avanzar en la gestión de una tarifa preferencial durante todo el año.
Aunque el conflicto se desarrolló en Tabasco, el caso mantiene relevancia para Sinaloa debido a que ambas entidades comparten condiciones climáticas que incrementan el consumo de energía eléctrica durante gran parte del año.
En Sinaloa, particularmente en municipios como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, organizaciones empresariales, legisladores y usuarios han impulsado durante años solicitudes para ampliar subsidios y mejorar esquemas tarifarios ante las altas temperaturas registradas durante el verano.
El antecedente tabasqueño es observado por especialistas en política energética como uno de los casos más relevantes de movilización social vinculada al costo de la electricidad en México, debido a su impacto financiero sobre la CFE y las finanzas públicas.
La regularización del adeudo permite a Tabasco mantener convenios de subsidio eléctrico y negociar condiciones tarifarias con la CFE. Según el gobierno estatal, la eliminación del pasivo era necesaria para continuar firmando acuerdos que beneficien a los usuarios.
Al mismo tiempo, el caso se inserta en un contexto nacional donde la política energética continúa siendo objeto de discusión debido a los subsidios destinados al sector eléctrico y a la situación financiera de las empresas estatales del ramo. Diversos análisis económicos han señalado que la CFE concluyó el sexenio anterior enfrentando incrementos en subsidios, pérdidas operativas y mayores compromisos financieros.
La investigación difundida por Proceso documentó que la deuda heredada a Tabasco representaba uno de los pendientes financieros más relevantes entre la administración estatal y la Comisión Federal de Electricidad. El reportaje señaló que el origen del problema se encuentra en la resistencia civil promovida durante la década de los noventa y que posteriormente se convirtió en una demanda política histórica dentro de la entidad.
Datos publicados por diversos medios nacionales indican que más de medio millón de usuarios participaron en el movimiento de impago, generando una deuda acumulada que alcanzó miles de millones de pesos antes de los programas de regularización implementados durante el gobierno federal de López Obrador.
La administración estatal de Tabasco informó posteriormente que la deuda remanente fue condonada mediante acuerdos alcanzados con la CFE, lo que permitió liberar recursos y mantener esquemas de subsidio para el consumo doméstico de energía.
El caso de Tabasco constituye uno de los episodios más relevantes en la relación entre usuarios, gobiernos y la Comisión Federal de Electricidad durante las últimas tres décadas. La evolución de la deuda, los programas de condonación y los acuerdos posteriores continúan siendo referencia obligada en el debate nacional sobre subsidios eléctricos, política energética y sostenibilidad financiera de los servicios públicos.
La controversia sobre la deuda eléctrica en Tabasco refleja la interacción entre movimientos sociales, decisiones gubernamentales y política energética nacional. El caso surgió en un contexto de inconformidad por tarifas eléctricas en regiones con altas temperaturas y evolucionó hasta convertirse en un asunto de alcance nacional por su impacto financiero en la CFE.
Su relevancia actual radica en que coincide con la transición de gobierno federal, la continuidad de una estrategia de fortalecimiento de las empresas energéticas del Estado y la discusión sobre subsidios públicos para el consumo eléctrico. En entidades con climas extremos, como Tabasco y Sinaloa, el tema mantiene vigencia debido a la dependencia de sistemas de refrigeración y aire acondicionado durante gran parte del año.
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