El diputado priista reapareció como aspirante a la gubernatura mientras continúan las investigaciones y tensiones políticas derivadas del caso Rocha Moya.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
El diputado federal priista Mario Zamora confirmó su intención de buscar nuevamente la gubernatura de Sinaloa rumbo a 2027, en medio de la crisis política generada por las acusaciones de autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La disputa política por la sucesión gubernamental en Sinaloa comenzó antes de concluir el sexenio estatal.
El contexto político estatal se modificó después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Tras las acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo mientras avanzan investigaciones en México y Estados Unidos. El Congreso de Sinaloa aprobó la separación temporal de funciones.
En ese escenario, Mario Zamora, quien contendió contra Rocha Moya en la elección de 2021, declaró públicamente su intención de volver a competir por la gubernatura en 2027. El anuncio fue difundido inicialmente por el diario español El País, que vinculó el reposicionamiento opositor con el desgaste político que enfrenta Morena en la entidad.
Zamora sostuvo además que durante la elección de 2021 existieron presiones e intimidaciones vinculadas al crimen organizado, declaraciones que retomó posteriormente en entrevistas y espacios digitales tras las acusaciones estadounidenses.
La crisis política ocurre en paralelo a un incremento de hechos violentos en distintos municipios sinaloenses. En Culiacán, un ataque incendiario contra un casino dejó una trabajadora muerta y personas lesionadas durante la visita del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
De manera paralela, funcionarios estatales comenzaron a separarse de sus cargos. El vicefiscal Dámaso Castro solicitó licencia tras aparecer entre los funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.
El caso también reactivó el debate nacional sobre presuntos vínculos entre estructuras políticas y grupos criminales en Sinaloa, particularmente respecto al proceso electoral de 2021 y el papel de actores locales en la estabilidad institucional del estado.
Las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses y mexicanas colocaron a Sinaloa en el centro del debate político nacional e internacional. La Fiscalía General de la República confirmó que revisa la información enviada por Estados Unidos, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores analiza solicitudes relacionadas con el caso.
En el plano político, el escenario abre una etapa anticipada de reacomodos rumbo a las elecciones de 2027, con partidos de oposición intentando reposicionarse en la entidad y Morena enfrentando presiones internas y externas derivadas del caso Rocha Moya.
El exgobernador sinaloense Francisco Labastida Ochoa también intervino públicamente para señalar que las autoridades mexicanas deben atender los procedimientos internacionales relacionados con las investigaciones.
Rocha Moya rechazó públicamente las acusaciones y afirmó que carecen de sustento. Hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva en México sobre los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses.
La definición de candidaturas rumbo a la elección de 2027 en Sinaloa comenzó a acelerarse en un contexto marcado por investigaciones internacionales, crisis institucional y reacomodos políticos internos. La evolución de los procesos judiciales y políticos relacionados con el caso Rocha Moya será uno de los factores centrales en la configuración del escenario electoral estatal.
El caso Rocha Moya colocó a Sinaloa dentro de un nuevo punto de tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, narcotráfico y cooperación judicial. Las acusaciones emitidas por autoridades estadounidenses ocurrieron en medio de una estrategia federal mexicana enfocada en reducir indicadores de violencia y fortalecer la coordinación con Washington.
La dimensión política del caso impacta directamente a Morena debido a que Sinaloa representa uno de los estados históricamente asociados al origen y operación del Cártel de Sinaloa. Las investigaciones también coinciden con una etapa temprana de posicionamientos rumbo a las elecciones intermedias y estatales de 2027.
En el plano social, la discusión pública en Sinaloa se concentra en la gobernabilidad, la seguridad y la estabilidad institucional. La combinación de violencia, investigaciones internacionales y reacomodos políticos generó un escenario de alta sensibilidad pública en municipios como Culiacán, Mazatlán y zonas del centro y sur del estado.
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