Tras publicar información sobre posibles afectaciones ambientales de proyecto turístico, comunicadora recibió mensajes intimidatorios y presentó denuncias.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
Una periodista en Mazatlán denunció que un empresario la amenazó con acciones legales tras publicar en redes sociales información sobre un proyecto con posibles consecuencias para el medio ambiente, y presentó denuncias ante autoridades locales.
Periodista Sheila Arias reportó amenazas de un empresario tras alertar sobre un proyecto turístico en Playa Brujas, Mazatlán.
El 25 de enero de 2026, la comunicadora publicó en su cuenta de Facebook información relacionada con el análisis de impacto ambiental de un proyecto turístico denominado “Punta Nama”, que está en proceso de aprobación en Playa Brujas, Mazatlán.
Al día siguiente, el 26 de enero, la periodista recibió mensajes privados de parte del empresario identificado como Daniel Partida, socio y propietario del proyecto, en los que la amenazó con iniciar una denuncia penal y aludió presuntos vínculos con “sus jefes” e información sobre ellos.
Posteriormente, Sheila Arias presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por las amenazas e intimidaciones recibidas.
Los hechos ocurrieron en Mazatlán, Sinaloa, e involucran la difusión de información sobre un desarrollo turístico en Playa Brujas, una zona costera del municipio.
Autoridades municipales habían suspendido trabajos en terrenos relacionados con dicho proyecto por presunta ausencia de permisos de construcción, de acuerdo con reportes locales.
La denuncia de la periodista será atendida por la Vicefiscalía Especializada en Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Fiscalía Estatal.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como ARTICLE 19 México y Centroamérica, emitieron una alerta nacional por el caso, subrayando la obligación del Estado mexicano de proteger a las personas defensoras del medio ambiente y periodistas según acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Las autoridades estatales ahora enfrentan la investigación de la denuncia presentada y el posible otorgamiento de medidas de protección para la comunicadora, conforme a protocolos homologados para casos contra la libertad de expresión.
Las denuncias y quejas presentadas por la periodista ante la Fiscalía de Sinaloa y la CEDH marcan el inicio formal de procesos legales y de derechos humanos en respuesta a las amenazas. Organizaciones nacionales han llamado a una investigación diligente y protección integral de la labor periodística y de defensa del medio ambiente.
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