Sinaloa sanciona el abandono de adultos mayores con hasta 5 años de cárcel

El Congreso estatal incorpora el abandono como delito penal tras 130 denuncias de maltrato en 2025

Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una reforma al Código Penal que tipifica como delito el abandono de personas adultas mayores y establece penas de seis meses a cinco años de prisión, en respuesta al aumento de casos reportados en 2025. Esto marca un cambio legal en la protección de este sector vulnerable.

El nuevo tipo penal responde a una percepción creciente de maltrato y abandono, evidenciada en los registros del DIF Sinaloa durante 2025, donde se documentaron 130 casos que incluyen diversas formas de desatención hacia adultos mayores, situación que motivó la intervención de las autoridades legislativas y de seguridad. DEBATE

La reforma fue elaborada por la Comisión de Justicia y aprobada con la mayoría de votos en el Poder Legislativo estatal, con aportaciones de iniciativas ciudadanas y de diferentes grupos parlamentarios, con el fin de cerrar vacíos en la protección jurídica de este grupo etario vulnerable. Congreso de Sinaloa

Las penas establecidas van desde seis meses hasta cinco años de prisión para quien abandone a una persona mayor de 60 años con dependencia, además de la posibilidad de que las autoridades revoquen la tutela en casos aplicables. Congreso de Sinaloa

En el espectro de los derechos humanos, esta modificación también busca armonizar la legislación local sinaloense con principios internacionales de protección de personas mayores, como los contenidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Congreso de Sinaloa


Cierre informativo
Con la tipificación del abandono de adultos mayores como delito, Sinaloa incorpora una herramienta legal para sancionar conductas que pongan en riesgo la salud y la integridad de las personas mayores, estableciendo responsabilidades claras para cuidadores y tutores, y reforzando la intervención estatal en casos de vulneración de derechos.

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