Cuatro mandatarios estatales registran más de 50% de desaprobación y estarían sujetos a consulta según encuestas recientes.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
Un ejercicio de opinión pública identifica a cuatro gobernadores que, en un escenario hipotético de revocación de mandato, superarían 50% de desaprobación ciudadana y podrían dejar su cargo. La herramienta depende de la legislación local en cada estado.
Cuatro gobernadores mexicanos presentan tasas de desaprobación superiores a 50%, porcentaje que en estados con revocación de mandato aprobada podría someterlos a perder el cargo mediante consulta ciudadana. PolíticoMX+1
La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana que permite evaluar la continuación en el cargo de titulares del Ejecutivo, tradicionalmente aplicado a la Presidencia de la República desde 2022, cuando se realizó el primer ejercicio nacional. Wikipedia
A lo largo de 2025, distintos congresos estatales han aprobado la posibilidad de aplicar esta figura a gobernadores locales, con requisitos específicos en cada entidad. SinEmbargo MX
En diciembre de 2025, Político MX publicó un ejercicio de La Encuesta MX que ubicó a varios mandatarios con desaprobación por encima del 50%, lo que en los estados correspondientes los colocaría en un escenario de posible revocación. PolíticoMX
En el caso de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya registra una desaprobación del 65.9% según el mismo ejercicio, índice que lo ubica por encima del umbral de mayoría absoluta que se ha utilizado en estos ejercicios de opinión. PolíticoMX
Sinaloa aprobó el procedimiento de revocación de mandato en enero de 2024, lo que da marco legal para aplicar esta herramienta en la entidad, sujetando al titular del Ejecutivo estatal a la consulta ciudadana conforme a la normativa local. PolíticoMX
Si se llevara a cabo un procedimiento de revocación de mandato en las entidades con legislación vigente, los gobernadores señalados —por superar 50% de desaprobación según encuestas— podrían enfrentar consulta ciudadana para determinar su continuidad. PolíticoMX
Este mecanismo requiere, en la mayoría de los estados, la recolección de firmas y participación mínima de electores para ser válido, por lo que la materialización del proceso dependerá de la legislación local y de la organización de los promoventes. SinEmbargo MX
Un análisis de La Encuesta MX difundido por Político MX identifica a cuatro gobernadores con niveles de desaprobación que superarían la mayoría absoluta en sus respectivas entidades, condicionando su permanencia si se aplicara la revocación de mandato en el marco de las leyes locales. PolíticoMX
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores San Román, de Morena, registró 57.4% de desaprobación. En ese estado, la revocación de mandato fue aprobada en junio de 2024 y se rige por normas locales que exigen la recolección de firmas equivalentes al 10% de la lista nominal y la participación de al menos 40% de los electores para validar la consulta. PolíticoMX
En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz alcanzó un 60.5% de desaprobación, y la figura de revocación fue aprobada en diciembre de 2022. PolíticoMX
En Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila también presentó 60.5% de desaprobación en el ejercicio, en un contexto donde la revocación fue aprobada localmente en mayo de 2024. PolíticoMX
En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya mostró 65.9% de desaprobación, según la misma fuente, y la entidad cuenta con revocación de mandato desde enero de 2024. PolíticoMX
La aplicación efectiva de la revocación de mandato a gobernadores depende de la legislación en cada estado, ya que no todos han incorporado esta figura en sus marcos jurídicos. En algunos casos, como Michoacán, altos niveles de desaprobación no implicarían automáticamente una consulta porque la figura no ha sido legislada. PolíticoMX
Cierre informativo
La revocación de mandato como mecanismo de participación ciudadana plantea, en 2025, escenarios donde varios gobernadores con altos índices de desaprobación podrían ser sometidos a consulta en estados que ya cuentan con la figura aprobada en su legislación. La materialización de estos procesos dependerá de los requisitos legales locales y de la organización de promoventes conforme a las normas electorales de cada entidad.
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