Un juicio civil iniciado en 1998 por un crédito de 3 millones de dólares continúa activo tras casi tres décadas.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
Un dirigente municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán enfrenta señalamientos públicos por un adeudo bancario de tres millones de dólares, derivado de un juicio civil iniciado en 1998 y que, según las partes denunciantes, continúa sin resolución definitiva.
De acuerdo con información difundida por Los de a Pie Noticias el 22 de diciembre de 2025, el abogado Horacio Israel Bringas Manjarrez informó que, en su carácter de cesionario del entonces Banco Mercantil del Norte, hoy Banorte, mantiene activo un procedimiento judicial iniciado en 1998 ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil en Culiacán, identificado como expediente 1223/1998.
Según lo expuesto en conferencia de prensa, el litigio deriva de un crédito por 3 millones de dólares solicitado por integrantes de la familia Ortiz Hernández, respaldado con diversos bienes inmuebles otorgados en garantía. El incumplimiento de pago motivó la acción legal para la recuperación del adeudo.
Bringas Manjarrez señaló que, previo a las diligencias de embargo, los bienes habrían sido incorporados a un fideicomiso, lo que —según su versión— impidió la ejecución inmediata de las garantías. Esta afirmación no cuenta con resolución judicial publicada de acceso público que la confirme de manera independiente. No puedo confirmar esto.
El abogado agregó que, tras diversos recursos legales, un juez federal habría ordenado el embargo de los derechos del fideicomiso, y que los bienes quedaron inscritos a nombre del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, conforme a la legislación aplicable. No se localizó, al cierre de esta nota, versión pública del acuerdo judicial federal referido
El caso adquiere relevancia local debido a que el principal señalado, Eduardo Ortiz Hernández, es identificado públicamente como dirigente municipal del PAN en Culiacán y exdiputado federal, lo que coloca el litigio dentro del contexto político y judicial del estado de Sinaloa.
La conferencia en la que se expuso el caso contó con la participación de representantes de organizaciones sociales locales, entre ellas la Unión de Solicitantes de Tierra para Vivienda de Costa Rica y Redes Ciudadanas Progresistas, quienes manifestaron su respaldo a la difusión pública del proceso judicial.
De confirmarse judicialmente la procedencia de la adjudicación directa de los bienes en garantía, el Juzgado Tercero de lo Civil podría resolver la transferencia de los inmuebles para cubrir el adeudo reclamado, conforme a los procedimientos establecidos en el Código Civil y de Procedimientos Civiles del estado.
En tanto no exista resolución firme publicada, el caso permanece en etapa procesal activa, sin que se tenga constancia pública de pago, convenio o archivo definitivo del expediente. Cualquier determinación dependerá exclusivamente de resoluciones judiciales futuras verificables.
Cierre informativo
Hasta el momento, la información disponible proviene de declaraciones públicas de las partes denunciantes y de referencias a un expediente judicial histórico. No se localizó posicionamiento público reciente del señalado ni resolución judicial definitiva de libre acceso que confirme o desmienta los señalamientos expuestos.
El caso se inserta en un contexto geopolítico-social marcado por la exigencia de rendición de cuentas de actores políticos y el escrutinio sobre procesos judiciales prolongados en México. En Sinaloa, donde la relación entre poder político, económico y judicial ha sido objeto de debate público, la permanencia de litigios de larga duración refuerza la discusión sobre acceso efectivo a la justicia, tiempos procesales y transparencia institucional.
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