La diputada del PAN afirma que detrás de las denuncias contra la titular de la UTE hay motivaciones políticas.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
La diputada Roxana Rubio Valdéz aseguró que el Feliciano Castro Meléndrez estaría detrás del conflicto que involucra a la titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) del Congreso del Estado de Sinaloa, un caso que ha generado debate sobre denuncias de acoso laboral y diferencias políticas. DEBATE+1
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso estatal acusó al secretario estatal de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, de estar detrás de las denuncias presentadas por la titular de la UTE, Silvia Alejandra Pineda Prado. DEBATE+2Los Noticieristas+2
Pineda Prado había denunciado públicamente presuntas amenazas, presiones y hostigamiento laboral, así como la imposibilidad de presentar su defensa ante la Comisión de Fiscalización. Revista Espejo+1
En conferencia de prensa, la diputada Roxana Rubio Valdéz rechazó que esas señalamientos constituyan violencia laboral o de género. Indicó que las observaciones hacia Pineda Prado provinieron de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) por supuestas deficiencias en su desempeño, y que el procedimiento está en etapa de análisis. Revista Espejo+1
Rubio calificó el caso como un “tema político” y manifestó su convicción de que Castro Meléndrez está “detrás de ello”, aunque reconoció no contar con pruebas concretas. Revista Espejo+2adiscusion.com+2
Por ahora, no existe ninguna determinación de remoción de Pineda Prado. El orden del día del pleno no contempla acciones en su contra, por lo que continúa en su cargo y recibiendo sueldo. DEBATE+1
El caso ha provocado un debate sobre la responsabilidad de legisladores y la protección a mujeres en el ámbito laboral del Poder Legislativo; mientras tanto, el procedimiento sigue bajo revisión normativa y atención a los señalamientos de la ASE. DEBATE+1
Contexto político-social
El incidente revela tensiones internas en el Congreso de Sinaloa entre distintos grupos parlamentarios, lo que evidencia la fragilidad en los mecanismos de control interno y protección de derechos laborales. El hecho ocurre en un contexto donde la credibilidad de las instituciones estatales está en observación, y donde denuncias de abuso o irregularidades administrativas suelen generar desconfianza pública. En ese sentido, el manejo transparente del caso —incluida la revisión normativa que anunció el Congreso— es clave para mantener la legitimidad institucional.
El señalamiento contra un alto funcionario del gobierno (secretario de Economía) desde la oposición también pone en evidencia la politización de procesos técnicos como el control y fiscalización interna, lo cual puede influir en la percepción ciudadana sobre la imparcialidad del Poder Legislativo en Sinaloa.
El desarrollo de este caso podría marcar precedentes en materia de rendición de cuentas, protección laboral y mecanismos para evaluar desempeño de autoridades, de cara a un contexto político cada vez más polarizado en la entidad.
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