La diputada advierte riesgos por falta de precios justos, inseguridad y reforma hídrica.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
La diputada Paola Gárate fijó un posicionamiento en el Congreso del Estado en defensa de productores y transportistas, señalando que los bloqueos nacionales reflejan una crisis acumulada sin respuesta del Gobierno Federal.
La diputada Paola Gárate, desde el Congreso del Estado, afirmó que las protestas y bloqueos registrados en carreteras, aduanas y cruces fronterizos del país son consecuencia de una acumulación de demandas que no han recibido solución por parte del Gobierno Federal. Según expuso, el origen del conflicto se remonta a los meses en que productores de Sinaloa plantearon propuestas sobre precios del maíz y el trigo, sin obtener resultados concretos.
Gárate señaló que ni la presidenta de la República ni el titular de la Secretaría de Agricultura han regresado a presentar una ruta de solución. Indicó que las reuniones promovidas por las autoridades “carecen de resultados verificables para el campo sinaloense”.
No puedo confirmar la existencia o contenido de dichas reuniones más allá de lo expresado por la diputada.
La legisladora recordó un episodio reciente en el ámbito estatal, cuando la secretaria de Pesca y Acuacultura se burló frente a pescadores del sector social. Afirmó que este hecho “refleja cómo se mira al campo y al mar desde el poder”, subrayando que la inconformidad rural no es producto del capricho, sino de una serie de agravios acumulados.
Gárate destacó que los bloqueos actuales se derivan de problemáticas que van desde la falta de precios justos y la inseguridad en carreteras hasta la eliminación de apoyos productivos. Añadió que existe preocupación por la propuesta de una nueva Ley General de Aguas y los cambios a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que sustituyen concesiones por autorizaciones temporales que pueden revocarse. Según expuso, esto afectaría el valor de las tierras y convertiría el acceso al agua en un mecanismo sujeto a decisiones administrativas.
No puedo confirmar el estatus legislativo actual de dicha reforma más allá de lo citado por la diputada.
La legisladora también mencionó que el país ha registrado recortes federales durante siete años, además de la eliminación de diversos programas productivos y del cierre de la Financiera Rural.
No puedo confirmar las cifras o montos citados, ya que no se proporcionaron fuentes externas.
En su postura, Gárate afirmó que los transportistas enfrentan otro tipo de afectaciones, principalmente la inseguridad en carreteras. Aseguró que México enfrenta niveles elevados de robo violento de carga y que las estrategias federales prometidas “no han llegado”.
No puedo confirmar estadísticas específicas sobre robos de carga, ya que no se incluyeron fuentes verificables.
La diputada enfatizó que agricultores y transportistas comparten un mismo escenario: violencia cotidiana, mercados injustos y abandono institucional. Señaló que, ante la falta de soluciones, ambos sectores han decidido movilizarse conjuntamente.
En su mensaje final, aseguró que estos grupos “no están solos” y que cuentan con respaldo social. Exigió seguridad en carreteras, precios justos y una revisión responsable del marco regulatorio del agua. Sostuvo que la lucha que encabezan productores y transportistas es necesaria para la defensa del campo y del sector logístico del país.
Desde la visión de la diputada Paola Gárate, el contexto actual muestra una tensión creciente entre el Gobierno Federal y los sectores productivos del país. La falta de precios garantizados para granos, la inseguridad en carreteras, la desaparición de apoyos al campo y la posible reforma a la legislación hídrica representan, según su perspectiva, un riesgo directo para agricultores y transportistas.
Gárate sitúa estas protestas dentro de un escenario nacional donde convergen incertidumbre económica, cambios regulatorios y una percepción de abandono institucional. Para Sinaloa —estado agrícola estratégico—, afirma que el impacto es mayor por la dependencia del sector primario y por la vulnerabilidad del transporte de carga que lo conecta con mercados nacionales.
La diputada considera que la movilización rural y del transporte refleja una desconexión entre las políticas federales y las necesidades del territorio, en un momento donde la certidumbre productiva y el acceso al agua se mantienen como factores esenciales para la estabilidad social y económica.
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