Implicaciones en la Marina, Pemex y puertos como Tampico cuestionan la narrativa oficial de “fin al huachicol”
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
Investigaciones recientes documentan cuatro casos clave que vinculan a integrantes del partido Morena con redes de huachicol fiscal. Los señalamientos alcanzan a altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), empresarios con contratos en Petróleos Mexicanos (Pemex) y puertos estratégicos, lo que pone en entredicho la versión oficial de que el robo de combustible había sido erradicado.
Diversas investigaciones periodísticas y datos oficiales apuntan a una renovación del problema del contrabando de combustible, ahora bajo la modalidad conocida como “huachicol fiscal”, con presuntas redes de corrupción vinculadas a dirigentes, exfuncionarios y empresarios cercanos a Morena. PolíticoMX+2El Congresista+2
Huachicol fiscal a gran escala: caso “altamar”
En marzo de 2025, autoridades federales interceptaron el buque Challenge Procyon, con 10 millones de litros de combustible no declarado. El operativo reveló una supuesta red en la que participaban miembros de la Semar, incluyendo a los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna —sobrinos políticos del almirante retirado Rafael Ojeda Durán— quienes habrían facilitado la importación ilegal mediante empresas fachada y mecanismos aduanales fraudulentos. PolíticoMX+2El País+2
El ministro de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, describió este caso como parte de un esquema nacional de huachicol fiscal, que operaba sin violencia y con complicidad institucional. El Financiero+1
Vínculos con puertos y contratos en Pemex
Otro foco de señalamientos recae sobre el senador y coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández. Según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), su nombre aparece en el expediente de una red de tráfico de combustible vinculada al muelle 289 del puerto de Tampico, operado por la empresa de un empresario cercano al político, identificado como Saúl Vera Ochoa. Testimonios señalan que ese muelle habría recibido embarcaciones con combustible ilegal entre 2024 y 2025. Wikipedia+2PolíticoMX+2
Adicionalmente, se investigan contratos obtenidos por empresas ligadas a otro empresario señalado, Raúl Rocha Cantú, en procesos de contratación con Pemex durante la actual administración. PolíticoMX+1
Presunta protección a familiares de alto perfil
Informes periodísticos señalan también que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador habrían sido mencionados en investigaciones del fuero federal como parte de una red de huachicol fiscal. Un testigo protegido identificó a uno de ellos como presunto protector de la red. PolíticoMX+1
Hasta ahora, no existe una orden pública de aprehensión contra ellos. Tampoco se ha confirmado formalmente que haya cargos en su contra —la investigación está en curso y las autoridades correspondientes no han difundido detalles sobre su estado.
Alcance nacional y contexto del huachicol fiscal
De acuerdo con la cobertura de medios especializados y autoridades federales, entre abril de 2024 y marzo de 2025 al menos 31 buques habrían ingresado al país mediante esquemas de fraude fiscal en la importación de combustibles. France 24+1
El secretario de Seguridad explicó que los decomisos recientes —incluyendo ocho millones de litros de diésel en Baja California, el buque en Tamaulipas y cargamentos ferroviarios en Coahuila— demuestran que la red era de carácter nacional, con rutas marítimas, terrestres y ferroviarias. El Financiero+1
El supuesto daño fiscal derivado de estas operaciones aún no ha sido cuantificado oficialmente. Algunas estimaciones periodísticas apuntan a montos millonarios, pero las autoridades han pedido cautela hasta que concluyan las auditorías. El Financiero+1
Conclusión
Las recientes denuncias e investigaciones muestran que el problema del huachicol no fue erradicado por completo, sino que se transformó en un huachicol fiscal sofisticado, con redes de corrupción que involucran a funcionarios, militares, empresarios y posiblemente a integrantes de Morena. Los casos señalados —Operación Altamar, muelle de Tampico, contratos en Pemex y presunta protección a familiares de exmandatarios— reabren el debate sobre la integridad institucional y el combate al contrabando de combustibles. Los procesos judiciales y las investigaciones en curso determinarán finalmente la responsabilidad de los implicados.
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