Decisión mantiene sin piso presupuestal fijo a la atención y reparación integral de víctimas
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no obligar al gobierno a reestablecer el presupuesto mínimo para la atención de víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos. La decisión, tomada el 18 de noviembre de 2025, podría afectar la capacidad de organismos de apoyo y reparación en México.
La SCJN rechazó aprobar la declaratoria general de inconstitucionalidad al cambio introducido en 2020 a la Ley General de Víctimas (LGV), que eliminó el mandato de destinar al menos 0.014 % del gasto programable anual al fondo para ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas. Animal Politico+2Animal Politico+2
En la votación del pleno, cuatro ministros y ministras —Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra e Irving Espinosa Betanzo— se opusieron a restituir el piso presupuestal. Argumentaron que la reforma ya preveía mecanismos alternativos de financiamiento, por lo que consideraron que las víctimas no quedaron desprotegidas. El Financiero+2La Jornada+2
Por su parte, los ministros que votaron a favor —Giovanni Azael Figueroa Mejía (ponente del proyecto), Hugo Aguilar Ortiz, Arístides Rodrigo Guerrero García y las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa— consideraron que la eliminación del 0.014 % representaba una violación al principio de progresividad de los derechos humanos y a la garantía de reparación integral. Animal Politico+2Animal Politico+2
Organismos defensores de derechos humanos, como Centro Prodh y Fundar, advirtieron que esta resolución pone en riesgo la atención jurídica, médica, psicológica y de reparación que las víctimas de delitos graves requieren, incluyendo casos emblemáticos en que intervienen madres buscadoras o sobrevivientes de desapariciones. fundar.org.mx+2cimacnoticias.com.mx+2
Desde 2022 hasta 2026, el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha estado en promedio 29 % por debajo del monto que hubiera correspondido con la garantía eliminada. Animal Politico+2La Jornada+2
La decisión de la SCJN tiene consecuencias estructurales: sin presupuesto mínimo etiquetado y obligatorio, los recursos dependerán de partidas variables —como la venta de bienes decomisados— lo que compromete la estabilidad, previsibilidad y eficacia de los programas de atención y reparación. El Financiero+2Animal Politico+2
En el contexto nacional, la medida ocurre mientras entidades federativas enfrentan elevados índices de violencia y delitos, lo que incrementa la demanda de apoyo integral para víctimas. En estados con violencia estructural como Sinaloa, la falta de recursos garantizados podría agravar la vulnerabilidad de familias afectadas por desapariciones, homicidios, extorsiones u otros delitos.
El rechazo a restituir el piso mínimo presupuestal marca un precedente jurídico y financiero relevante: la obligación del Estado para garantizar recursos constantes a víctimas queda condicionada a decisiones discrecionales, más que a un mandato legal automático.
Con la resolución de la SCJN, en 2025 México mantiene un marco normativo que desvincula la reparación de víctimas del presupuesto mínimo obligatorio. Esta situación podría debilitar los mecanismos de justicia, asistencia y reparación, en un contexto de persistente violencia y demanda de protección a derechos humanos.
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