El gobernador reconoce que, pese a operativos y recursos, los resultados en seguridad siguen sin reflejarse.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
El gobierno de Sinaloa admitió un sentimiento de “frustración” ante la persistente violencia que azota al estado. La entidad figura entre las más afectadas por homicidios dolosos y enfrenta retos en materia de seguridad.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció recientemente que su administración experimenta una “frustración” ante los resultados de seguridad, luego de que, a pesar de inversiones, operativos y presencia militar, los índices de violencia no respondan como se esperaba. DEBATE
De acuerdo con el más reciente Informe de Incidencia Delictiva, la entidad acumuló 1 432 homicidios dolosos entre enero y octubre de 2025, lo que representa aproximadamente el 7.7 % del total nacional, y le permite ubicarse entre las primeras tres entidades con mayor número de víctimas. DEBATE+1
El contexto local es agravado por la persistente disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa —como Los Chapitos y La Mayiza— lo que ha prolongado una serie de enfrentamientos armados, desapariciones y cierre de comercios. infobae+1
Asimismo, un reciente análisis de la Universidad Autónoma de Sinaloa señala un impacto económico en la entidad de al menos 36 mil millones de pesos entre enero y agosto de 2025, debido a la violencia generada por los grupos criminales. DCS UAS
A pesar de los múltiples operativos federales en coordinación con la administración estatal —como el desmantelamiento de campamentos de cultivo de marihuana y el aseguramiento de armas largas y cargadores en municipios como Elota—, la paz y el control del territorio siguen siendo metas no alcanzadas. Gobierno de México
Rocha Moya enfatizó que el reto reside en lograr que las intervenciones estructurales logren también un cambio perceptible para la ciudadanía, no únicamente en cifras operativas. El mandatario admitió que la seguridad “no ha llegado” pese a los esfuerzos desplegados. El Economista
En este marco, la administración estatal ha empezado a reforzar la vinculación de políticas de prevención social con materia de seguridad, en un intento por atender las causas que alimentan la violencia organizada, más allá del despliegue operativo. arXiv
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