El recurso fue redirigido al sector educativo sin reglas claras ni mecanismos de supervisión.
Culiacán, Sinaloa — 10 de noviembre de 2025. Redacción de Soy Sinaloa.
La reasignación presupuestal de 18 mil 500 millones de pesos del Poder Judicial al sector educativo ha generado cuestionamientos por la falta de claridad en su destino y posibles beneficios políticos.
Fuentes parlamentarias confirmaron que el ajuste al presupuesto federal 2025 incluyó la transferencia de más de 18 mil 500 millones de pesos del Poder Judicial a partidas del sector educativo, decisión justificada por la reforma en materia judicial. Sin embargo, legisladores de oposición señalaron que los recursos fueron concentrados en ramos amplios como educación, ciencia y humanidades, sin identificar programas específicos ni reglas de operación claras.
De acuerdo con informes citados por Político MX y otros medios nacionales, una porción de los fondos habría sido etiquetada como “apoyo a organizaciones educativas”, categoría que incluye desde centros culturales hasta los Cendis operados por el Partido del Trabajo (PT). Dichas instituciones han recibido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por presunto uso político de recursos y financiamiento de estructuras partidistas.
Voceros del Partido Acción Nacional (PAN) declararon que el movimiento presupuestal podría funcionar como mecanismo para fortalecer alianzas territoriales y asegurar lealtades rumbo a la próxima contienda electoral. Al solicitar mayor transparencia sobre los destinatarios y criterios de asignación, los legisladores recibieron como respuesta que “los detalles se definirán posteriormente”.
Especialistas en finanzas públicas consultados por El Universal y Expansión advirtieron que la falta de claridad en las partidas podría abrir espacios de discrecionalidad. El contexto se produce en medio de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial tras la reforma que prevé la elección popular de jueces y ministros, por lo que la reorientación de recursos ha sido interpretada como parte de una estrategia política más amplia.
En Sinaloa, legisladores locales han manifestado preocupación por el impacto de estos recortes en proyectos de investigación y formación docente, mientras organizaciones civiles solicitan que la Secretaría de Educación federal aclare el destino de los recursos y su posible uso en programas estatales.
El traslado presupuestal coincide con un momento de reconfiguración política nacional previo al proceso electoral 2027. Morena busca mantener su control territorial y reforzar alianzas con partidos afines como el PT, mientras la oposición denuncia centralización del gasto y debilitamiento institucional del Poder Judicial. En Sinaloa, donde la estructura educativa del PT tiene presencia en Culiacán y Los Mochis, el tema resuena como parte del debate sobre transparencia y uso de recursos federales.
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