Alertan sobre posibles cobros irregulares en JAPAMA; ciudadanía denuncia laboratorios fantasmas y extorsión a comercios

En Los Mochis, Sinaloa, empresarios y comerciantes han denunciado presuntos cobros irregulares relacionados con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA). Aunque versiones ciudadanas señalan la existencia de un laboratorio inexistente que exige pagos bajo el concepto de “Requerimiento de Cumplimiento Ambiental”, hasta ahora no hay evidencia oficial que confirme esta práctica dentro del organismo.

Según testimonios recopilados por medios locales y redes sociales, los cobros se realizan cada seis meses a negocios de distintos giros —desde tiendas Oxxo y cenadurías hasta escuelas y hospitales— por montos de alrededor de 1 200 pesos. El pago supuestamente se canaliza a una empresa denominada Aqualysis Lab, ubicada en la Zona Industrial de Los Mochis, aunque su domicilio no figura en registros públicos ni en el padrón de proveedores de JAPAMA.

El gerente general de JAPAMA, Emmanuel Higuera Terrazas, no ha respondido oficialmente a estas acusaciones. Sin embargo, el propio organismo emitió comunicados en junio de 2025 advirtiendo a la población sobre personas ajenas que se hacen pasar por empleados para cobrar adeudos falsos o servicios inexistentes.
Medios como Ríodoce y el portal oficial de japama.gob.mx confirmaron la existencia de reportes por extorsión, aunque dirigidos a usuarios domésticos, no a empresas.

Hasta el momento, no existen pruebas públicas ni documentos oficiales que vinculen a JAPAMA con un laboratorio fantasma o con cobros institucionalizados de carácter extorsivo. Las denuncias permanecen en el terreno de la sospecha ciudadana.

Fuentes verificadas:

  • [Ríodoce.mx, 16 junio 2025] – “Alertan sobre cobros domiciliarios por adeudos falsos a JAPAMA”.
  • [Japama.gob.mx – Aviso oficial a la ciudadanía] “Personas ajenas intentan extorsionar a nombre del organismo”.


La ciudadanía exige transparencia, una auditoría sobre la gestión actual y la publicación del padrón actualizado de laboratorios y proveedores de servicios ambientales. La sospecha, dicen los denunciantes, “crece mientras no haya respuestas claras”.

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