Empresarios y organizaciones denuncian falta de transparencia en obras federales y estatales en Culiacán.
Contratos reservados y compras directas limitan la competencia y la rendición de cuentas.
Introducción
Culiacán, capital económica de Sinaloa, concentra la mayor parte de los contratos de infraestructura estatal. Sin embargo, una proporción creciente de estos convenios no está publicada de forma completa ni auditable en los portales de transparencia. Empresarios locales advierten que los procesos se han vuelto “cerrados” y sin trazabilidad, afectando la confianza en la inversión pública.
Contratos reservados y discrecionalidad
De acuerdo con el informe Índice de Transparencia de Obras Públicas 2023 de Iniciativa Sinaloa, el 62% de las obras estatales en Culiacán no cuentan con documentación pública completa —es decir, carecen de contrato, monto final, o dictamen técnico. En varios casos, la información aparece marcada como “clasificada” por razones de seguridad o confidencialidad industrial.
El propio portal CompraNet Sinaloa muestra retrasos en la publicación de adjudicaciones y fallos. Mientras tanto, empresas foráneas continúan recibiendo contratos de pavimentación y servicios logísticos sin competencia local clara.
Preocupación en el sector industrial
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC Sinaloa) y la Canacintra Culiacán han manifestado preocupación por la falta de acceso a información técnica y de licitaciones completas. Su presidente local, Héctor Torres, advirtió en rueda de prensa (agosto 2025) que la opacidad “inhibe la competitividad” y provoca una concentración del gasto público en pocas empresas.
Además, proyectos urbanos como el Paseo Niños Héroes, el reencarpetado de la Calzada Aeropuerto y la modernización de vialidades del sector Tres Ríos han sido señalados por organizaciones civiles por falta de información financiera y ambiental completa.
Blindaje informativo y decreto de seguridad
Tras la emisión y posterior invalidez del “decretazo” federal de 2021, algunas dependencias locales continuaron aplicando criterios de reserva al amparo de la ley de seguridad nacional. Esto derivó en contratos con anexos no públicos o con versiones testadas (tachadas) de montos y proveedores, incluso en proyectos sin carácter estratégico.
Esta práctica, heredada del marco federal, consolidó un “blindaje administrativo” en los municipios más industrializados. En Culiacán, donde confluyen constructoras, transportistas y distribuidores, la reserva de datos genera asimetría informativa que perjudica a las empresas sinaloenses medianas.
Ciudadanía sin datos
El observatorio Transparencia Culiacán reportó que ninguno de los contratos estatales mayores a 50 millones de pesos cuenta con bitácora pública de obra, violando la Ley General de Transparencia y el artículo 8 de la Ley de Obras Públicas. La ciudadanía carece de herramientas digitales para rastrear avances, sobrecostos o ampliaciones presupuestales.
Qué dicen los expertos
El investigador de políticas públicas del CIDE Región Noroeste, Óscar Leyva, advierte que “cuando la información pública se clasifica sin justificación técnica, se erosiona la confianza y se abre la puerta a prácticas discrecionales”. Agrega que el problema no es la reserva en sí, sino su uso extensivo para cubrir ineficiencias o favoritismos.
Qué sigue
La CMIC y el Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) han solicitado crear un Tablero Estatal de Contratos Abiertos que permita revisar avances, licitantes y modificaciones. Hasta el momento, la Secretaría de Obras Públicas estatal no ha emitido un calendario de implementación. El Congreso local prevé discutir una reforma para obligar a la publicación inmediata de contratos mayores a 1 millón de pesos.
Fuentes verificadas: Iniciativa Sinaloa – ITOP 2023; El Sol de Sinaloa (agosto 2025); CMIC Sinaloa; Transparencia Culiacán; CompraNet Sinaloa; Noroeste (julio 2025); CIDE Región Noroeste.
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