CULIACÁN, SIN.- Mientras las cifras de la violencia no dan tregua, una voz en el Cabildo de Culiacán ha canalizado el hartazgo ciudadano y ha puesto al alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil frente a su responsabilidad. La regidora Erika Sánchez exigió de manera contundente que el presidente municipal dejó el escritorio y se dedique a gestionar en la Ciudad de México un presupuesto federal extraordinario para rescatar a la capital de la crisis de inseguridad que la azota.
La demanda de Sánchez no es un simple posicionamiento político; es el eco de una realidad que ahoga a los culiacanenses. Con Sinaloa en los primeros lugares nacionales de robo de vehículo con violencia , el «despojo» se ha convertido en una epidemia que aterroriza a las familias. La regidora puso sobre la mesa la pregunta que miles de ciudadanos se hacen a diario: ¿qué está haciendo el gobierno municipal para detener esta ola de crímenes?
«Los culiacanenses vivimos con miedo, no podemos seguir esperando a que la estrategia funcione, porque no está funcionando», declaró la regidora, subrayando la urgencia de dotar a la policía municipal de más equipamiento, mejores condiciones salariales, recursos que, insistió, deben gestionarse preventivamente ante la federación.
La intervención de Erika Sánchez se convierte así en la formalización de un reclamo social generalizado. Su postura contrasta con la pasividad de una administración que parece rebasada por la delincuencia. Al exigirle al alcalde que asuma su rol de gestor y vaya a la Ciudad de México a pelear por los recursos que Culiacán necesita, Sánchez no solo fiscaliza, sino que también propone una ruta de acción clara.
En un momento en que la ciudadanía exige resultados y sin pretextos, la voz de la regidora representa a los miles de culiacanenses que se niegan a normalizar la violencia y que exigen un gobierno a la altura del desafío.
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