MAZATLÁN, SIN.- «No es justo que a tres meses no sepamos nada, absolutamente nada». El grito desesperado es de Guadalupe Bernal, la madre de Emmanuel Garay Beltrán, el joven músico de 29 años que fue tragado por la tierra en Mazatlán el pasado 5 de julio. Su caso no es solo una tragedia familiar; es el doloroso símbolo de una crisis de desapariciones que crece en el puerto y la evidencia de una Fiscalía General del Estado indolente e inoperante.
Emmanuel fue visto por última vez en el fraccionamiento Real del Valle. Desde entonces, su familia vive una pesadilla de incertidumbre, agravada por el silencio de las autoridades que deberían estar buscándolo. La historia de Emmanuel se ha convertido en una estadística más dentro de un panorama desolador: Sinaloa, y en particular Mazatlán, se han consolidado como un foco rojo de desapariciones en el país, con miles de casos acumulando polvo en los archivos de la Fiscalía.
Una revisión de los últimos años muestra un patrón aterrador. Jóvenes varones, productivos y con un futuro por delante, desaparecen sin dejar rastro, mientras sus familias se enfrentan a un laberinto burocrático que las desgasta y las deja solas.
El caso de Emmanuel Garay expone el fracaso del sistema. No es un problema de falta de recursos, sino de falta de voluntad. Mientras las familias se organizan, pegan fichas y claman en redes sociales, la maquinaria de investigación del estado permanece inmóvil.
La pregunta que resuena en cada rincón de Mazatlán es la misma que se hace la madre de Emmanuel: ¿dónde están? Y una aún más dolorosa: ¿acaso a alguien en el gobierno realmente le importa encontrarlos? La ausencia de Emmanuel es la presencia constante de un Estado fallido.
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