CULIACÁN, SIN.- Un baño de sangre. Así se puede describir la jornada del domingo 12 de octubre en Sinaloa, que cerró con un saldo oficial de siete personas asesinadas, incluyendo a tres mujeres, dos de las cuales fueron encontradas torturadas y sepultadas en una fosa clandestina en Culiacán. Este «domingo rojo» no es una anomalía; es el brutal recordatorio de que la violencia en el estado es una epidemia fuera de control y que la estrategia de seguridad es un fracaso absoluto.
Los hechos violentos se extendieron por tres de los principales municipios de la entidad —Culiacán, Navolato y Mazatlán—, demostrando que ninguna zona está a salvo. Sin embargo, el epicentro del horror se localizó en la capital, en una zona residencial del norte de la ciudad, donde fueron descubiertos los cuerpos de dos mujeres en una tumba ilegal.
Este hallazgo pone de manifiesto, una vez más, la extrema crueldad de la violencia feminicida que azota a Sinaloa. A pesar de contar con una Alerta de Violencia de Género desde 2017, las medidas han sido insuficientes y el mecanismo se ha revelado como un fracaso burocrático incapaz de proteger la vida de las mujeres.
Mientras la Fiscalía General del Estado se limita a confirmar las cifras en un escueto comunicado, las preguntas de fondo siguen sin respuesta: ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es el móvil detrás de esta masacre? ¿Qué estrategia real existe más allá de contar los muertos?
La jornada del 12 de octubre no es solo una estadística; es la prueba irrefutable de un estado rebasado por el crimen, donde la vida no vale nada y la impunidad es la única ley que se cumple.
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