CULIACÁN, SIN.- Los narcobloqueos y el despojo masivo de tráileres que paralizaron cinco municipios en agosto no fueron un hecho aislado; fueron el clímax de un año en el que las carreteras de Sinaloa se consolidaron como territorio sin ley. Viajar por la Maxipista o la México 15 se ha convertido en un acto de fe, donde los ciudadanos y transportistas están a merced del crimen organizado ante la mirada de un gobierno rebasado.
Un análisis retrospectivo del último año dibuja un panorama desolador. El «despojo» violento de vehículos se ha convertido en el pan de cada día, una práctica tan normalizada que ya ni siquiera es noticia, a menos que ocurra a escala masiva. Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son la prueba irrefutable del fracaso: Sinaloa se ha mantenido consistentemente en el vergonzoso top 5 nacional de robo de vehículo con violencia.
Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya y las autoridades federales responden a cada crisis con el mismo guion —promesas de «llegar hasta las últimas consecuencias» y el despliegue fotogénico de la Guardia Nacional—, la realidad en el asfalto no cambia. Los operativos se anuncian, duran unas semanas y la violencia regresa, a menudo con más fuerza.
La crisis vial en Sinaloa evidencia una verdad incómoda: la estrategia de seguridad es un fracaso reactivo. No existe un plan de inteligencia ni una acción sostenida que logre desarticular a los grupos que han hecho de las carreteras su coto de caza. La violencia ha dejado de ser un evento para convertirse en el estado permanente de las cosas.
Para miles de sinaloenses y transportistas, el problema no es si serán despojados de sus vehículos, sino cuándo. El gobierno podrá presumir de operativos, pero mientras los ciudadanos tengan que encomendarse a Dios antes de tomar la carretera, la única verdad es que en Sinaloa, el control lo siguen teniendo otros.
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