CIUDAD DE MÉXICO.- En una de las denuncias más duras contra la administración estatal y federal, la senadora sinaloense Paloma Sánchez Ramos declaró que Sinaloa es un «estado secuestrado por la violencia», donde el crimen organizado es quien realmente gobierna, ante la «cobardía, silencio y complicidad» del gobernador Rubén Rocha Moya, para quien la oposición considera que ya es insostenible su permanencia en el cargo.
Al cumplirse un año de uno de los episodios de violencia más graves en la historia reciente del estado, la legisladora del PRI pintó un panorama desolador: calles repletas de miedo, negocios quebrados, jóvenes reclutados por el narco, y sectores productivos como el campo y la pesca sometidos a la extorsión. «¿Quién gobierna Sinaloa en estos momentos? El crimen organizado», sentenció Sánchez Ramos.
Respaldada por cifras que hablan de casi 2,000 homicidios, más de 1,900 desaparecidos y un daño económico de 36,000 millones de pesos, la senadora acusó al gobernador Rocha de haberse convertido en un «cómplice» que no gobierna y se esconde. «Sí amerita la renuncia», afirmó contundentemente, argumentando que son los propios sinaloenses quienes, hartos de la violencia, exigen su salida.
El Escándalo Nacional que Alimenta la Violencia Local
La conferencia subió de tono cuando la senadora Carolina Viggiano Austria conectó la tragedia de Sinaloa con una red de corrupción a nivel nacional. Viggiano denunció que el «huachicol fiscal», un delito que floreció en el sexenio anterior, es el motor financiero de la delincuencia, y acusó una presunta complicidad de altos mandos de la Marina, institución a la que se le entregó el control de los puertos.
«Ese tipo de delitos solamente se explican con la complicidad de altos mandos», afirmó Viggiano, quien secundó la idea de que el gobierno federal ha operado bajo «pactos inconfesables» con grupos criminales y políticos corruptos para mantenerse en el poder. «Están preocupados porque detuvieron a sus cuates, a con quienes han hecho un pacto de impunidad», remató, refiriéndose a la captura de líderes del narcotráfico.
La postura de la oposición es clara: la violencia que desangra a Sinaloa no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un gobernador rebasado y de una estructura de corrupción federal que permite que el crimen organizado opere con recursos ilimitados, convirtiendo la estrategia de seguridad en un fracaso rotundo.
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