CHIHUAHUA, CHIH.- En una decisión que aviva la polarización nacional, el Congreso de Chihuahua ha aprobado una controvertida reforma para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas de nivel básico del estado. La medida, impulsada por la bancada del PAN y apoyada por sus aliados del PRI y PRD, representa uno de los retrocesos más significativos en materia de derechos y visibilidad para las minorías en el país.
La reforma, encabezada por el diputado panista Carlos Olson, modifica la Ley Estatal de Educación para obligar a docentes y personal administrativo a utilizar únicamente el lenguaje que se apega a las reglas de la Real Academia Española (RAE). Según sus defensores, el objetivo es «proteger el español» de lo que consideran «deformaciones y jergas ideológicas».
El Argumento: «Proteger el Español»
«No podemos permitir que las aulas se conviertan en campos de batalla ideológicos donde se impongan jergas que confunden a los estudiantes», declaró el diputado Olson durante la sesión. La justificación del bloque conservador se centra en una defensa purista del idioma, ignorando las recomendaciones de organismos de derechos humanos que ven en el lenguaje inclusivo una herramienta fundamental para nombrar y visibilizar a grupos históricamente marginados, como las mujeres y las personas no binarias.
La Crítica: «Un Acto Discriminatorio y Regresivo»
La respuesta no se hizo esperar. La bancada de Morena calificó la reforma como un «acto de censura y un atentado contra los derechos humanos». La diputada de Morena, Leticia Ortega, argumentó que el lenguaje es una entidad viva que evoluciona con la sociedad y que prohibir estas formas de expresión es un intento de «borrar» la existencia de las diversidades.
La investigación en redes sociales confirma que la medida ha sido repudiada por decenas de colectivos LGBTQ+ y feministas a nivel nacional, quienes la ven como un gesto político para ganar el aplauso de los sectores más conservadores de la sociedad. Argumentan que la decisión no solo es discriminatoria, sino que contraviene el artículo 1° de la Constitución Mexicana, que prohíbe toda forma de discriminación.
Expertos de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) han señalado en repetidas ocasiones que el lenguaje inclusivo es una acción afirmativa que promueve la igualdad y que su uso en el ámbito educativo es una buena práctica para construir entornos escolares seguros y respetuosos.
La prohibición en Chihuahua no es un hecho aislado, sino la materialización de una «guerra cultural» que busca imponer una visión única y conservadora en la educación pública, una batalla donde las primeras víctimas son la inclusión, la diversidad y el pensamiento crítico.
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